La prisión preventiva oficiosa está en la Constitución y el gobierno actual quiere ampliar a múltiples delitos, violentando los derechos humanos y la presunción de inocencia.
Es un error mirar a las tecnologías como un problema y perder de vista que traen consigo un cúmulo de oportunidades.
Con la prisión preventiva basta con que una persona sea acusada de un delito para que, sin valoración de un juez, sea privada de la libertad.
Tarde o temprano, a fuerza de amparos, una ley autoritaria es derrotada por juzgados, tribunales e, incluso, por la propia Corte.
Es difícil encontrar en la historia del México contemporáneo una integración del Senado de la República peor que la actual.