Claudia Alcántara
En las reglas de operación del sector vivienda que anunciará el gobierno federal -el próximo 30 de mayo-, se determinará que 70% de la vivienda nueva que se produzca en el país sea vertical, y 30% sea horizontal, para aprovechar los servicios básicos ya instalados en las grandes ciudades.
Asimismo, para hacerse de suelo intraurbano, a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), el gobierno federal expropiará los terrenos baldíos privados que sean un foco de inseguridad e insalubridad dentro de las ciudades, y los integrará a la oferta del banco de tierra que conformará para fin habitacional, comercial, industrial e incluso agrícola.
La comisión también analizará la adquisición -mediante compra o permuta- de 6% de las 45,000 hectáreas de reserva territorial registrada por desarrolladores de vivienda ante el Registro Único de Vivienda (RUV), con vocación agrícola -sin permisos ni urbanización-, para mantener su función.
El director de la Corett, Jesús Alcántara Núñez, indicó en entrevista que revisarán en el Registro Público de la Propiedad de los estados y catastros municipales para identificar los predios -y a sus propietarios- en todo el país que sean baldíos y representen puntos de "concentración para maleantes".
El funcionario resaltó que no se trata de "llegar y decir ese terreno me gustó" y expropiarlo: la tierra debe de ser apta para el desarrollo urbano y ser, por el momento, un problema para la comunidad.
Inmobiliarias sociales
Asimismo, dijo que antes de expropiar se invitaría al propietario a que él desarrolle el terreno o lo venda o entrar a un esquema de inmobiliaria social.
Una última etapa sería la expropiación, declaró.
Expresó que en la segunda mitad del año tendrían los detalles del programa Inmobiliaria Social, el cual se ofrecerá a propietarios privados y ejidales, comunales o pequeños propietarios.
La idea es que los dueños de los terrenos se vuelvan socios del desarrollador inmobiliario y obtengan mayores beneficios, en comparación con la venta directa.
El programa consistiría en que el ejidatario, comunero o propietario privado, ponga la tierra, y el gobierno federal gestione servicios básicos y formalice el inmueble, para ofrecerlo como lote con servicios a los desarrolladores de vivienda.
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) daría financiamiento y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) podría dirigir su esquema de subsidios a este tipo de desarrollos sociales.
Nivel de ventas limita función
Una de las funciones que podría tener la Corett, añadió, sería absorber vía compra o permuta, la reserva territorial que no forme parte de los polígonos de desarrollo urbano que determinará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Desarrollo Urbano.
Cerca de 2,700 hectáreas de constructores de vivienda -registradas en RUV-, no tienen permisos ni infraestructura, pues mantienen su vocación agrícola, por que se analizaría si la Corett podría tomarlos y mantenerlos así.
Para ello, dijo, será necesario transformar administrativamente y dotar a la Corett de recursos.
Detalló que la comisión tiene 600 millones de pesos de presupuesto anual de la expropiación y venta de terrenos cuando requiere casi 1,200 millones de pesos. Pedirá el presupuesto a la Secretaría de Hacienda.
Información proporcionada por El Financiero Diario.
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