La incógnita de la nueva burocracia

OPINIÓN

El gobierno que tomará posesión el 1 de diciembre próximo tendrá una composición que aún no está clara. Resulta que, como resultado del Programa de Austeridad del nuevo gobierno, es incierto quién ocupará los cargos.

Si usted es un director general en alguna dependencia pública, como Hacienda o Gobernación, puede aspirar a ganar por su trabajo un máximo de 80 mil 354 pesos mensuales como salario bruto.

Pero si usted es un director de área, entonces su aspiración será llegar a los 40 mil 974 pesos brutos cada mes.

De acuerdo con un estudio de la consultora Michael Page realizado entre 78 mil profesionales, un director de administración y finanzas en la Ciudad de México, empleado en una empresa grande, gana un mínimo de 160 mil pesos brutos al mes en la zona centro del país y en el norte podría llegar fácilmente a superar los 200 mil pesos.

Un director general jurídico, igualmente en una empresa grande, puede aspirar a un salario de 350 mil pesos al mes o un director de operaciones podría llegar a 250 mil en una empresa grande. Un analista junior en un banco podría aspirar a un sueldo mensual de 50 mil pesos.

Es decir, un profesional con unos 5 años de experiencia en una empresa grande probablemente tendrá una mejor remuneración que un Jefe de Unidad, que se encarga de la colocación de la deuda pública del gobierno por miles de millones de dólares.

Desde luego, hay personas cuya motivación principal para trabajar en el sector público no es económica, sino vocacional o incluso social.

Pensemos que todos los primeros y segundos niveles de la administración pública en el gobierno de AMLO no tendrán motivación económica.

Sin embargo, hay decenas de miles de personas que eligieron el sector público como igual pudieron escoger una empresa.

La reducción salarial que llevaría a un subdirector de área a aspirar a un sueldo bruto mensual de 25 mil 607 pesos, seguramente va a producir una gran migración de funcionarios.

Quien conozca el gobierno sabe que en muchas ocasiones son los funcionarios medios los que permiten su operación. Son ellos los que saben qué botones apretar para que las cosas sucedan de forma adecuada.

Es cierto que hay ineficiencias, derroche y también hay mucha gente incompetente.

El problema es que la solución elegida por AMLO es el típico caso en el que se tira el agua sucia de la tina… con todo y niño.

En el equipo del presidente electo hay un buen número de personas que no han trabajado en el sector público, pero hay algunos que sí tienen amplia experiencia en el gobierno.

Y quienes la tienen, saben que esta política de reducción salarial generalizada puede ser un verdadero tiro en el pie para el futuro gobierno de AMLO.

Este hecho nos lleva a pensar que tendremos dos estilos, y quizás criterios, en el ejercicio de la función pública.

Por un lado, estarán quienes por su experiencia saben que necesitan personal calificado, con conocimiento y experiencia, en el sector público.

El ejemplo más obvio es el de Marcelo Ebrard, quien conoce perfectamente la operación del sector público y que le tocará lidiar con el servicio diplomático de carrera.

En el otro extremo podemos ubicar personajes como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien por su trayectoria y juventud descubrirá cómo funciona el sector público.

En el ejercicio del gasto público hay varios escenarios. Ponemos uno de ellos sobre la mesa.

En 2019, podríamos tener dos impresiones. Por un lado, los hechos simbólicos que le van a atraer popularidad a quien ya será presidente en funciones, como el uso de líneas aéreas comerciales o el abandono de Los Pinos como residencia oficial.

Pero al mismo tiempo, existe el riesgo de que tengamos un gobierno que no funciona en muchas de sus áreas, en donde no se paga a proveedores porque quienes sabían cómo ejercer el gasto se fueron, o con una recaudación que se desploma porque el personal calificado del SAT lo está abandonando.

Si en lugar de este recorte salarial de machetazo que va a realizar AMLO se hubiera hecho un trabajo quirúrgico cuidadoso, aunque fuera menos popular y más lento, se preservaría el objetivo de tener un gobierno austero, pero sin los efectos perniciosos que eventualmente tendrá el recorte masivo.

Sin embargo, hasta ahora todo indica que se tratará de un ajuste masivo y con criterios uniformes y no diferenciados.

Hay versiones de escenarios de escape por parte de funcionarios del Banco de México; también intentos de jubilación anticipada de personal del servicio exterior de carrera e incluso de personal militar.

Quiere decir que existe la incertidumbre de lo que pueda pasar en el mediano plazo. Y, por lo pronto, ante la amenaza de reducción de ingresos, hay mucha gente con el ánimo de jubilarse tan pronto como se pueda.

Hay quienes señalan que el hecho de que se mantengan salarios elevados no es garantía ni de la calidad ni de la honestidad de los funcionarios públicos.

Ese juicio tiene toda la razón. Un funcionario público con propensión a corromperse puede ganar tres veces más y de cualquier manera ser un corrupto.

No, el problema de fondo en realidad está en la pérdida del capital humano que representa el personal calificado que tiene una vocación hacia el servicio público.

No es que los que se vayan lo hagan porque les cerraron las ventanas de la corrupción. Ojalá eso ocurriera y que todos los que se fueran del gobierno lo hicieran porque les cerraron las oportunidades de obtener algún dinero extra de forma irregular al de su remuneración. Me temo que no es así hoy ni será así en el futuro.

El riesgo de que haya una fuga interna de cerebros y por lo tanto una gran pérdida de capital humano, que podría ser el brazo operador de AMLO, es muy grande.

Esto podría significar para el nuevo gobierno una condición frágil que le dejaría la operación de la administración pública federal en áreas de suma importancia, como decimos coloquialmente, colgada de la brocha.

Aún no están resueltas todas las incógnitas. En la legislación autorizada se limita a todos los servidores públicos a ganar menos de lo percibido por el presidente de la República.

Pero también se abre la puerta a la existencia de excepciones en donde el personal especializado podría tener un ingreso superior hasta en un 50 por ciento al del titular del Ejecutivo federal.

No sería nada remoto que una multitud de cargos, desde los responsables militares de la seguridad hasta los que manejan la deuda pública, cayeran en el supuesto de la norma de que la remuneración que deben recibir debe estar 50 por ciento por arriba de la fijada por el Congreso.

La ley que se aprobó correspondía a una iniciativa presentada desde 2011, de modo que el esquema de austeridad que se defina ahora tendrá que ver más con la perspectiva de las finanzas públicas.

No hay forma de mantener los equilibrios fiscales en el próximo lustro a menos de que haya una reingeniería completa del sector público.

Los esquemas tradicionales, que muchos pretenden todavía alargar, ya no corresponden al entorno actual.