Ante la problemática de las bajas pensiones que recibirán los trabajadores que empezaron a cotizar desde julio de 1997 y que se encuentran afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el gobierno tiene que obligar a todas las empresas a crear un plan complementario de ese tipo de pagos para sus trabajadores, afirmó Carlos Lozano.
El presidente del Colegio Nacional de Actuarios (Conac) señaló que los actuarios elaboran una propuesta que consiste en que sea obligatorio que todas las empresas tengan un plan privado de pensiones, y si no cumplen que sean sancionadas.
La idea es que se complementen las pensiones que las Afores darán a los trabajadores que rondan entre 23 y 30 por ciento del último salario.
El representante del Conac expresó que la propuesta incluye la generación de un plan híbrido, es decir de beneficio definido (solidario) y de cuentas individuales, el primero que sea para los trabajadores próximos a pensionarse y el otro para los nuevos empleados.
EXISTE NORMATIVA
El dirigente de los actuarios explicó que actualmente ya existe una normativa para la creación de planes privados, lo que faltaría es la regulación que garantice que todas las empresas que operan en México tengan un esquema de retiro en donde se incluyan sanciones para quienes no cumplan con esta acción.
Lozano explicó que el diseño de aportaciones al plan lo tendrán que definir las empresas, de acuerdo a sus posibilidades, es decir que podrán realizar las contribuciones que puedan, siempre y cuando sí las realicen, de no hacerlo se les aplicaría alguna multa.
"Las empresas deben buscar un plan de pensiones que no lastime sus costos para que puedan seguir compitiendo (…) tenemos que respetar que cada una construya su costo de manera diferente, unos tendrán más posibilidades, otros menos", destacó en conferencia de prensa.
Agregó que una vez que estos planes operen y que comiencen a conocerse, propiciará que los mismos trabajadores demanden este beneficio.
El actuario resaltó que esta medida sería mejor que aumentar las aportaciones del 6.5 por ciento, porque elevar esta contribución implica un alto costo para las empresas porque bajo este esquema son los patrones los que más aportan.