La regulación en materia de Tecnología Financiera que diseña la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no avalará el uso de las monedas virtuales como, como es el caso del bitcoin, pero sí serán sujetas a regulación en materia de prevención de lavado de dinero.
Bernardo González, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que hicieron ajustes a la propuesta original que habían diseñado para regular las tecnologías financieras, en donde el tema de activos virtuales queda modificado y ya no tendrá un marco específico en la ley como se había previsto.
"Hubo un acuerdo con el Banco de México sobre el manejo de los activos virtuales, ese tema ya no va a estar regulado, porque no hay tantas de estas instituciones, ni creemos que sea una figura que requiera una regulación prudencial especifica. El Banco de México tenía la preocupación de que en el caso de los activos virtuales, al tener una figura prudencial generaría ineficiencias en figuras que no se van a utilizar", dijo.
"Del lado del bitcoin tenemos la preocupación con el Banco de México de que haya controles sobre lavado de dinero, por lo que si habrá previsiones sobre la compra- venta de estas monedas, pero no necesariamente una figura prudencial y regulada para activos virtuales", mencionó.
El funcionario dijo que esa fue la causa del retraso en el envío de la propuesta de ley al Congreso, debido a que los diferentes actores, autoridades financieras como el banco central, y empresas de tecnología que ya operan, presentaron sugerencias de cambios en la propuesta.
Aseguró que el proyecto será enviado al Congreso una vez que arranque el próximo periodo legislativo en septiembre, manteniéndose en la iniciativa que los participantes del sector Fintech tienen que cumplir con cierto nivel de capital para comenzar operaciones.
PROPUESTAS EN REGULACIÓN
Se tiene contemplado que La Ley de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, regulará lo que se conoce como "Robo Advisory" o asesoría digital, que se realiza a través de plataformas tecnológicas y usan algoritmos al comunicarse entre clientes y entidades financieras.
También proponen en la iniciativa que las entidades financieras y las instituciones cuenten con APIs abiertas (por sus siglas en inglés, que significa Application Programming Interface, conocidas como interfaces de programación de aplicaciones), permitiendo la interconectividad de los servicios financieros digitales siempre y cuando exista un previo consentimiento de los usuarios, mencionando específicamente que esto no sería una violación al secreto financiero.
La puesta en marcha de forma total de esta ley, una vez que se discuta en ambas cámaras legislativas y se apruebe, podría tardar hasta 24 meses, por lo que sería hasta el 2020 que entre en vigor complemente.
Economía