La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó que el censo que actualmente realiza el gobierno de Baja California para conocer las dimensiones del problema de autos ilegales y eventualmente gestionar posibles apoyos especiales para la regularización sea un camino viable, y aclaró que no existe un programa especial y no se deben alimentar falsas expectativas con esta actividad.
La dependencia reiteró a los propietarios de estos vehículos la necesidad de recurrir a los mecanismos establecidos en la ley para regularizar sus unidades.
Quienes hoy poseen un vehículo de procedencia estadounidense o canadiense introducido al país de manera ilegal tienen la opción de regularizarlo mediante un trámite a través de un agente aduanal y pagando el impuesto correspondiente.
De acuerdo a la normatividad vigente, los dueños de vehículos cuyo modelo sea de 2007 a 2011 deben pagar un arancel del uno por ciento del valor de compra, además del impuesto al valor agregado correspondiente.
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