Las sanciones por incurrir en prácticas monopólicas en México podrían llegar a hasta a 10 por ciento de los ingresos del agente económico o incluso la desincorporación de activos en caso de reincidencia, según la nueva Ley Federal de Competencia Económica.
El texto reglamentario del artículo 28 constitucional, que contiene 130 artículos y modificaciones al artículo 254 bis del Código Penal Federal, enviado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados, resalta la reforma al Código Penal que aumenta de 5 a 10 años de prisión y de mil a 10 mil días de multa, entre otros, a quien fije, concerte o manipule el precio de venta o compra de bienes y servicios, concerte posturar en licitaciones o restrinja la producción de bienes o servicios.
Para el sector privado, en las reformas secundarias se pone más dientes al regulador, pero también hay que buscar los equilibrios en ella.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó preocupación porque en las leyes secundarias se traten de castigar a las grandes empresas sólo por su tamaño.
"Lo que hay que castigar son las prácticas monopólicas, que son las que están en contra de la competencia".
Si se castiga a los conglomerados por su tamaño, esto puede tener repercusiones muy serias en la inversión advirtió.
Juan Pablo Castañón, líder de Coparmex, acusó que la iniciativa de la iniciativa de las leyes secundarias en materia de competencia no cuenta con los mecanismos de defensa suficiente para los entes económicos, sobre todo, porque existen lagunas en ésta donde no quedan claros donde están los límites de actuación de parte de las empresas.
Consideró que la iniciativa no contempla mecanismos que garanticen la independencia de la Comisión Federal de Competencia.
Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, anotó que hay varias premisas que hay que cuidar en las leyes secundarias como el Estado de Derecho, la aplicación de más dientes para el regulador y que las empresas cuenten con mecanismos para defenderse de actos de autoridad.
La nueva Ley Federal de Competencia Económica impactará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dado que la reforma constitucional en telecomunicaciones, que se promulgó el 10 de junio de 2013, establece nuevas facultades en este ámbito al organismo regulador de telecomunicaciones y radiodifusión, consideró Miguel Flores Bernés, ex comisionado de la CFC.
"La Ley de competencia tiene implicaciones para el IFT porque ahora es la autoridad de competencia en estos temas", dijo el experto en entrevista con El Financiero.