La reciente eliminación de la Deducción Inmediata de las Inversiones en Activos Fijos (DIIAF) podría repercutir negativamente en la productividad, al dejar al entorno empresarial mexicano sin alternativas fiscales que promuevan la inversión, concluye la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Liliana Alvarado, coordinadora del estudio "Los incentivos fiscales a la inversión y su impacto en la competitividad de México", indicó en conferencia de prensa que uno de los principales gastos fiscales que otorgó el gobierno mexicano para promover la inversión en activos fijos fue la DIIAF.
De 2002 a 2013, la DIIAF fue un gasto fiscal que ascendió a 306 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.5 veces el gasto en infraestructura aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
Explicó que este incentivo permitía a las personas morales y físicas con actividad empresarial y profesional deducir un porcentaje de la inversión de su Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre y cuando se encontraran fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que cumplieran con ciertos requisitos.
Del total de la inversión en activos fijos hecha por las empresas, sólo en el 11 por ciento se aplicó la DIIAF; y tan sólo el 15 por ciento de los empresarios afirmó que la DIIAF fue determinante en la adquisición de activos fijos.
La DIIAF fue eliminada en la reforma fiscal de 2013 bajo el argumento de que no había sido eficiente para incrementar la inversión, especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), mientras que las grandes la habían utilizado para reducir su carga tributaria injustificadamente.
Sin embargo, "con esta decisión el entorno empresarial mexicano queda sin un esquema de incentivos a la inversión".
José Luis Chicoma, director general de Ethos, dijo que como sustitutos a la DIIAF, los empresarios piden la posibilidad de contar con mayor financiamiento y esquemas más atractivos de deducción para la inversión.
El Financiero publica hoy que la Iniciativa Privada demanda una revisión de la reforma fiscal en el rubro de la deducción inmediata de las inversiones, así como más incentivos fiscales bien dirigidos para estimular la inversión, para generar empleos y para que los salarios aumenten.