Economía

Empresarios proponen "regulación base cero" a negocios

El sector empresarial propuso una desregulación, simplificación y mejora del marco jurídico aplicable a las empresas con el fin de impulsar su actividad productiva.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una propuesta para realizar un ejercicio de "regulación base cero", a fin de que todos los órdenes de gobierno revisen la normativa en sus ámbitos de competencia.

En conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, dijo que la iniciativa también reducirá al mínimo los trámites exigibles a los ciudadanos y las empresas, por lo que exhortó a los reguladores para que se coordinen y eliminen la duplicidad que prevalece actualmente.

La desregulación, simplificación y mejora del marco jurídico aplicable a las actividades ciudadanas y productivas son herramientas muy útiles que permitirían analizar dónde es estrictamente necesaria la intervención gubernamental, abundó.

Al presentar los resultados de un estudio realizado en todo el país sobre micro, pequeñas y medianas empresas, refirió que a mayor número de trámites y requisitos ineficientes exigibles a las empresas, éstas se distraen de su actividad productiva.

Asimismo, que en estas empresas los dueños o directivos son quienes realizan la mayor parte de los trámites y atienden inspecciones, supervisiones y auditorías de las autoridades que pretenden verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles a la actividad económica.

"Esto revela que los directivos invierten buena parte de su tiempo en la tramitología, lo que reduce la posibilidad de innovar, ampliar mercados o hacer lo que los empresarios saben hacer", destacó.

De igual forma, dijo que el estudio reveló que casi 90 por ciento de los empresarios manifestaron que se invierte demasiado tiempo productivo en dar cumplimiento a los distintos trámites y requisitos; mientras que 85 por ciento considera que son excesivos.

Entre los trámites y requisitos con la peor eficiencia y los mayores costos son, en su mayoría, los relacionados con el ámbito municipal, lo que es coincidente con otros estudios en la materia.

En estos trámites y requisitos confluyen mayor ineficiencia, más tiempo invertido, mayor costo y más posibilidad de estar sujeto a chantajes, remarcó.

Al evaluar la eficiencia de los trámites realizados, señaló que la mayor parte de ellos fue calificado como malo o regular.

El promedio más alto lo obtuvieron el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con calificaciones de 3.6 y 3.5, respectivamente, en una escala en la que 3.0 es regular y 4.0 bueno.

Los que obtuvieron una menor calificación fueron el permiso o licencia de construcción, los procesos de licitaciones, obtención de créditos o préstamos y el registro de la propiedad, todos calificados en un rango que va de regular a malo.

Juan Pablo Castañón dijo que el estudio reveló que en un mes, aquellos trámites en los que se invirtió más de 40 horas fueron el cumplimiento de contratos entre clientes y proveedores –por parte de instancias de gobierno–, permiso o licencia de construcción, obtención de servicios públicos (agua, luz, y otros servicios) y apertura de una empresa.

"Dentro del cumplimiento de contratos entre clientes y proveedores han sido continuas las quejas sobre el atraso de los gobiernos locales en el pago a proveedores y el tiempo que deben dedicar para concretarlo", indicó.

Añadió que para 36.67 por ciento de los encuestados la obtención de permisos, registro de marcas y patentes, las inspecciones de las autoridades de todo tipo y orden de gobierno, pago de impuestos y contratación de servicios tienen un impacto negativo en la empresa.

Asimismo, 10 por ciento de los empresarios respondió que otros trámites que impactan negativamente a sus empresas son las inspecciones de las distintas entidades públicas federales, estatales y municipales.

Este hallazgo tiene relevancia porque aunado a la realización de los trámites ante dichas entidades, éstas distraen o interfieren con la operación de la empresa, al realizarse de manera no coordinada, sin que medie en ocasiones orden por escrito de la autoridad competente.

El dirigente de la Coparmex señaló que la semana pasada se propuso al Instituto Nacional de Acceso a la Información que la ley federal y locales en esa materia establecieran como una obligación que todas las autoridades tengan un sitio de Internet con el directorio telefónico de los servidores públicos.

Así como de las dependencias o entidades que están autorizados a realizar actividades de auditoría, inspección, supervisión y vigilancia sobre los particulares, para evitar cualquier inconveniente.

También lee: