En los últimos cinco años las demandas laborales aumentaron 16 por ciento, mientras que el personal administrativo se incrementó ocho por ciento, situación que ha provocado saturación del personal por la carga de trabajo y el deterioro de la calidad de los resolutivos de los juicios.
Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que a julio de 2016 había 436 mil demandas individuales en trámite, desde 374 mil asuntos en proceso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en 2011.
Mientras que en ese mismo periodo el personal administrativo pasó de 2 mil 19 plazas en 2011 a 2 mil 194 plazas en 2016.
Es decir, que mientras en 2011 se atendían 185 asuntos individuales por servidor público, para 2016 se atienden 199 casos.
Como consecuencia de la desproporción del crecimiento de los asuntos respecto del incremento del personal de la Junta, se ha deteriorado la calidad de las resoluciones emitidas en detrimento del principio de expeditez y certidumbre jurídica tanto para los trabajadores como para el demandado y el tribunal laboral, indicó recientemente el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete.
La JFCA detectó que los laudos en firme han disminuido, pues mientras en 2013 el 71 por ciento de los resolutivos fueron firmes -no se interpusieron amparos-, en 2016 estos laudos fueron 68 por ciento.
INICIA DISCUSIÓN
Para hacer más eficiente y agilizar la justicia laboral, el presidente Enrique Peña Nieto envió en abril al Senado dos reformas: una constitucional para desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y otra legal a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para cambiar el proceso de depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo.
Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado dijo que hoy se prevé dar primera lectura al dictamen de reforma constitucional y, en su caso, su aprobación para discutirlo en el pleno.
El dictamen que se analizará en la comisión no contempla cambios respecto al documento enviado por el Presidente a la Cámara Alta; se prevé que los cambios que deseen realizar los legisladores se apliquen durante la discusión del dictamen en el pleno.
Los senadores examinarán primero la reforma constitucional para poder modificar la LFT.