La puesta en marcha de los tribunales especializados en materia mercantil es el gran pendiente de la Reforma Financiera. Si bien se lograron avances en otras áreas, estos tribunales permitirán una recuperación de activos más rápida, reduciéndose el nivel de riesgo en los préstamos, lo que en el largo plazo se traduciría en menores tasas de interés.
Para Alberto Gómez, presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), la puesta en marcha de los tribunales especializados es una de los pendientes de la Reforma Financiera, "un tribunal especializado permitirá juzgar cuando haya un conflicto entre las partes, con alguien que conozca los contratos y pueda resolverse de forma más ágil".
Marcos Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte, coincidió que la implementación de los tribunales especializados en materia mercantil fue uno de los pendientes, ya que se no lograron poner en marcha en estos años.
El economista en jefe del grupo, Gabriel Casillas, abundó, que si bien en este sexenio se avanzó como en ningún otro en la penetración del crédito al sector privado, no se logró la meta del 40 por ciento, pero fue por condiciones de crecimiento de la economía.
Coincidió en que el tema pendiente de la reforma financiera fue la terminación de los juzgados para litigar los temas bancarios, en donde autoridades financieras y sector privado trabajaron en su diseño, pero "se quedó atorado en el Poder Judicial".
Para Patricio Diez, director general de Banco Compartamos, los esfuerzos con las reformas estructurales fueron positivos y se dio un paso hacia adelante con la Reforma Financiera, sin embargo reconoció quedan pendientes los "mecanismos de reposición de garantías más ágiles" lo cual se pretendió establecer con la creación de los juzgados especializados.
Según Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero Citibanamex, estos juzgados tienen el objetivo de que existan jueces especializados en temas financieros. Así, en el caso de una ejecución hipotecaria, está se realizaría en un menor tiempo, ya que actualmente los procesos pueden durar hasta 10 años, mientras en otros países el tiempo varía de seis meses a dos años. Esta aplicación, serviría para reducir la prima de riesgo y con ello, otorgar una menor tasa de interés.