PUEBLA.- Al menos 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala serán afectados con la construcción del Proyecto Integral Morelos, una obra que incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho.
El proyecto, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), costaría mil 600 millones de dólares a cargo de las empresas de capital español Elecnor, Enagas y Abengoa.
La iniciativa, que fue hecha pública en junio de 2011, ha generado rechazo de la población que vive en los municipios involucrados y que suman 996 mil habitantes, incluso ya hay al menos ocho líderes opositores detenidos, cinco en el estado de Morelos y tres más en el estado de Puebla, en el centro del país.
El pasado jueves integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) denunciaron la llegada de vehículos militares y policiales al municipio poblano de Atzitzihuacán para escoltar a los vehículos y equipo pesado que instala el gasoducto en territorio poblano.
A la par, se contabilizan al menos 3 puntos de acuerdo impulsados por diputados y senadores de los partidos de izquierda en donde se pide se interrumpan las agresiones y detenciones arbitrarias, se den a conocer "los impactos sociales, económicos y medioambientales que implica el Proyecto Integral Morelos", e incluso que se modifique el trazo del gasoducto por el riesgo que conlleva.
Las propuestas para modificar la obra que llegaron al Congreso de la Unión han sido promovidas entre 2012 y 2014 por los diputados Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, José Arturo López Cándido, Ricardo Monreal Ávila y el senador Manuel Bartlett.
Al respecto, el Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó no construir este gasoducto y especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP) declararon que no es viable construir el gasoducto y la planta termoeléctrica por el riesgo que representa.
Por su parte, la perredista Bojórquez Javier planteó en su punto de acuerdo que "en ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011".
"Asimismo, ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la CFE comunicaron a la población en general los detalles del gasoducto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad".
Sobre el tema, los integrantes del FPDTA afirmaron en días pasados que ninguna de las comunidades por las que atraviesa el gasoducto, especialmente aquellas que viven en las faldas del volcán, han dado "ni darán" su autorización para que los ductos atraviesen su territorio.