Riesgos de conflictos comunales asociados a los nuevos requisitos de impacto social que exige a los inversionistas el marco jurídico de energético mantienen detenidos al menos 20 proyectos en México, reveló la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE).
Entre los proyectos que ya están fuera de sus cronogramas, o incluso suspendidos, se encuentra la primera línea de transmisión eléctrica que correría de Oaxaca a la Ciudad de México para que llegue energía limpia directamente a la capital del país desde los aerogeneradores del Istmo de Tehuantepec.
En esta situación también se encuentra el ramal del gasoducto de Tula, el proyecto de Comexhidro en Puebla, el de Eólica del Sur en Yucatán, afectados por esta situación.
De acuerdo con el Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía (Sener) debe solicitar a los afectados la autorización para el desarrollo de un proyecto de cualquier tipo.
Esta debe contener "la identificación, caracterización y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación, medidas de ampliación de impactos positivos y, el plan de gestión social correspondiente".
INCERTIDUMBRE
Expertos consultados coinciden en que existe un clima generalizado de incertidumbre jurídica que frena los proyectos, además de que la Sener, quien expide el Manifiesto de Impacto Ambiental, no se da abasto.
Katya Puga Cornejo, directora de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener reconoció que hay 750 manifestaciones de impacto social en lista para ser aprobadas.
En entrevista con El Financiero explicó que para llevar a cabo dicho trámite hay un plazo de 90 días naturales en el caso del sector eléctrico, y de 90 días efectivos en el caso de los proyectos de hidrocarburos, de los cuales es raro la vez que se cae en un retraso, aunque existen.
Puga reconoció que el tiempo de los proyectos se ha visto retrasado en ocasiones por amparos y procesos judiciales relativos a los derechos de las comunidades de ser consultadas y la obligación de las empresas de realizar los estudios de impacto social.
"Lo que ha generado una preocupación es el tiempo que han tomado los procesos judiciales y ahí los plazos están definidos con mucho rigor y son complejos, en general son largos. Todo el tiempo para el desarrollo de consulta y otro de judicial nos dieron casi más de dos años", dijo.
Para ella, el país se encuentra en un periodo de adaptación y aprendizaje en lo relativo al impacto social, pues las disposiciones son relativamente nuevas -se establecieron en 2013 por primera vez en las legislaciones de electricidad e hidrocarburos-, a pesar de que el acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo que se firmó en 1993.
LOS FRENOS
Adicionalmente, los requerimientos de impacto social de la legislación actual ha sido capitalizada sistemáticamente por tres Organización No Gubernamentales (ONGs) que, de acuerdo con las fuentes, se dedican a sabotear proyectos de inversión en México, con la supuesta encomienda de defender los derechos indígenas.
Estas incluyen a Mapder (Proyecto mexicano de afectados por las presas), la Asamblea de Pueblos Indigenas (APPJ) y Lavida, una ONG en Veracruz. En ocasiones han sido apoyadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y por El Barzón.
Héctor Garza, socio del despacho Rich Muller y miembro de la de la AMDE reveló que ya hay amenazas para frenar los nuevos proyectos eléctricos generados a partir de las subasta eléctricas organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía y por los que se calculan inversiones totales por seis mil 600 millones de dólares en los próximos cuatro años.
"Ya recibimos amenazas formales de las ONGs de que lo van a hacer. Son talibanes del medio ambiente y talibanes del derecho indígena que están entorpeciendo los proyectos del país", indicó Garza.
El modus operandi de estas asociaciones, describió, consiste en obtener amparos hasta por la falta de comas en las actas de consulta, con lo que el Poder Judicial "regala" el amparo bajo el artículo 126 de la Ley, denunció el abogado.
Tanto empresarios, litigantes y el mismo gobierno están de acuerdo en que se deben otorgar beneficios a las comunidades afectadas, el problema es la falta de dialogo con líderes que se infiltran en las comunidades con el objetivo de detener los proyectos, expresó Héctor Garza, quien reitera que esta situación representa un riesgo para las nuevas inversiones que se tienen contempladas en el sector energético.
CONTRATOS EN RIESGO
Estos amparos que suspenden los proyectos tardan entre año y medio y dos años en resolverse, sin embargo, para entregar la energía eléctrica los contratos de la subasta eléctrica tienen como límite el 2018 y el 2019, por lo que los trámites legales están contrarreloj.
Jonathan Jiménez, asociado de Jones Day de la práctica regulatoria, señaló que ante estos procedimientos de amparo incluso el financiamiento puede quedar en riesgo en cualquiera de los proyectos.
"Unos de los actores, los bancos, tendrán sus dudas en cuanto se suspende. Un procedimiento que se suspende está suspendido jurídicamente, obviamente está el riesgo ya fuera de lo jurídico que el banco decida tomar el riesgo o no", señaló el experto.
Mauricio Llamas y José Estandía, socios de la misma firma, explicaron en entrevista conjunta que entonces hay dos riesgos: uno del posible incumplimiento del contrato ante la CFE y el otro de que no sea financiado el proyecto.
MÁS DIFÍCIL CONSTRUIR QUE GANAR
Durante la adjudicación de la Segunda Subasta Eléctrica, Tania Ortiz, vicepresidente de asuntos externos y gubernamentales de IEnova, una de las ganadoras con dos proyectos asignados, señaló que lo más difícil no es ganar sino implementar estas actividades.
"Llegar hasta este punto tomó mucho esfuerzo, pero créanme que no es lo más difícil, ahora nos toca materializar estos proyectos. Debemos trabajar, muy importante, en armonía con las comunidades", indicó Ortiz luego de recibir un contrato en el que invertirán 150 millones de dólares.
En lo mismo coincidió Jaime de la Rosa, Presidente de la Asociación Mexicana de Electricidad (AME) al señalar que los esfuerzos debes ser bipartitas: de los empresarios que tienen una responsabilidad social y de las comunidades en donde se deben reflejar los beneficios de estos nuevos proyectos.
"Ahora la Ley te exige que cumplas con muchos lineamientos sociales y medioambientales es muy importante que se tengan y todas las empresas tenemos esta vocación", indicó.