CIUDAD DE MÉXICO.- Triangulación y desvío de recursos hacia gastos personales, presunción de lavado de dinero, diversos delitos financieros y fraude en contra de más de seis mil 800 ahorradores, son algunos de los delitos que buscan imputar a los socios y directivos principales de Ficrea.
Las autoridades financieras han solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) se giren órdenes de aprehensión contra más de 10 personas relacionadas con la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), sin que hasta el momento se conozca el avance de la petición e investigación.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, anunció el viernes la disolución y liquidación de Ficrea, esto previo informes del auditor externo contratado, PricewaterhouseCoopers, del interventor gerente, y de la opinión favorable de la Federación Atlántico Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular, la cual realiza funciones de supervisión auxiliar.
PROCESO DEL FRAUDE
El funcionario explicó que para ocultar la transferencia irregular de fondos que se realizaban de la Sofipo hacia las empresas relacionadas Leadman Trade, S.A. de C.V., Baus & Jackman Leasing, S.A. de C.V. y Monka Comercial, S.A., se engañaba a los clientes de Ficrea haciéndoles firmar dos adeudos, uno en esa empresa y otro en Leadman; los clientes sólo recibían el monto suscrito una sola vez. El primer contrato, que era firmado en la Sofipo, se documentaba como un crédito y el segundo, en Leadman, se documentaba como un arrendamiento puro. Los clientes recibían una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades.
CUANTIOSO DESFALCO
Con este mecanismo Ficrea consiguió dos propósitos de su operación fraudulenta. Uno, construir una base de créditos sin sustento económico pero que servía para respaldar su información contable.
El segundo, la transferencia de recursos a una empresa no supervisada por la CNBV, en donde se disponía de los recursos de forma discrecional y arbitraria.
De los 6 mil 284 millones de pesos de la cartera de crédito, se transfirieron a empresas relacionadas 5 mil 900 millones, de los cuales solamente se constató la integración de expedientes de arrendamientos por 3 mil 200 millones.
Por ello se presume un desfalco de unos 2 mil 700 millones de pesos, utilizados para transferencias al extranjero, compra de bienes muebles, inmuebles de uso no relacionado con actividades de la sociedad y gastos personales de socios, como son nóminas de capitán de aeronave y yate, entre otros.
NEGOCIACIÓN CON AHORRADORES
Los ahorradores con recursos menores a 25 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalente a 131 mil pesos, deben iniciar a partir de este lunes el proceso de comprobación para recibir el 100 por ciento de sus ahorros.
Los que tengan depósitos mayores recibirán el monto proporcional que les corresponda de la liquidación de Ficrea. Se estima que sólo 42 por ciento de los ahorradores recibirán la totalidad de sus recursos.
El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) es el encargado de asegurar los depósitos de los clientes de cajas de ahorro popular, sociedades financieras populares (sofipos) y Sociedades Financieras Comunitarias, siempre que éstas estén autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Al ser notificados del proceso de disolución de la Sofipo en las oficinas de la Condusef, algunos ahorradores hicieron destrozos en la entrada de las oficinas y mantuvieron prácticamente durante todo el día retenidos a los trabajadores.
Esta situación originó que por la noche se hiciera presente el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, quien condicionó su llegada y negociación a la salida de los empleados de esa institución.
Junto con Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, mantuvieron diálogo con los ahorradores inconformes durante toda la noche y hasta la mañana del sábado, sin que se llegara a un acuerdo.
