El gobierno federal, con el respaldo de instituciones académicas como el CIDE y la UNAM, propuso una reforma laboral que cambia el proceso de depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo con el fin de evitar la proliferación de contratos colectivos de protección patronal y sindicatos "fantasma" que no cuentan con trabajadores afiliados.
Si de la aplicación del nuevo proceso resulta que la empresa no existe porque no tiene trabajadores ni está en operaciones, la Dirección General de Inspección del Trabajo tendrá facultades de iniciar una investigación y si ésta arroja evidencia de fraude o cualquier otra irregularidad, se podrían aplicar sanciones penales.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) plantea modificar artículos relacionados con la contratación colectiva como el 390 y adiciona los artículos 390 Bis, 390 Ter, 931 Bis y 931 Ter para efecto de describir el nuevo proceso de registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.
LA PROPUESTA
Para garantizar el ejercicio de la libertad sindical, la reforma propone que las solicitudes del registro de los contratos se deberán acompañar de cinco requisitos:
Se incluirá copia del proyecto del contrato colectivo de trabajo, registro de nómina de los trabajadores, lista de los puestos de trabajo que incluye el contrato, copia del acta constitutiva de la empresa y de los documentos que acrediten el pago de impuestos y de la inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recibida la solicitud, la autoridad registral deberá cerciorarse que el lugar o centro de trabajo se encuentre en operaciones y que cuenta con trabajadores "de carne y hueso" que realizan funciones permanentes y esenciales en la empresa.
Asimismo, se deberá cerciorar que los trabajadores que se encuentren laborando estén cubiertos por las disposiciones del contrato colectivo de trabajo y que recibieron copia de los estatutos, así como del registro sindical y del registro de la directiva sindical.
Posteriormente, se deberá notificar a los trabajadores que estarán a su disposición tarjetas electrónicas o físicas para hacer constar y acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores, y por tanto, que conocen el contenido del contrato colectivo, de los estatutos y del registro sindical.
"Los trabajadores contarán con un plazo para devolver las tarjetas electrónicas o físicas, de manera que la autoridad registral esté en condiciones de determinar si se han cumplido o no con los requisitos para el registro del contrato colectivo y que los trabajadores efectivamente han externado su voluntad libre y manifiesta para acogerse a las reglas del contrato correspondiente", suscribe la iniciativa.
Alfredo Sánchez-Castañeda, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el objetivo de fijar un nuevo procedimiento de registro de los contratos colectivo es "para fortalecer el Estado de derecho y acabar con malas prácticas, al tiempo que busca combatir los contratos de protección patronal y evitar los sindicatos fantasma".
Por su parte, el abogado laboral Arturo Alcalde explicó que el nuevo proceso de registro de contratos "cambia las reglas del juego y va contra los contratos de protección porque hoy el patrón elige a su sindicato sin más trámite y eso crea un vacío jurídico o una ausencia de Estado de derecho porque las Juntas son parciales; los golpeadores existen y funcionan con absoluta libertad".
RATIFICACIÓN
En tanto, durante el mitin en el zócalo capitalino por el Día del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se pronunció por el "desmantelamiento del control corporativo" sobre los trabajadores y la ratificación de todos los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical y de contratación colectiva.
Por separado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) celebró que la reforma logre la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que han sido "un foco de corrupción y tráfico de influencias", por lo que la reforma constitucional promoverá una justicia pronta y expedita en apoyo de trabajadores y empresas.
Enrique Guillén, presidente del organismo, indicó que actualmente una demanda simple en estas Juntas puede durar varios años debido a la intervención de "abogados y funcionarios corruptos, representando grandes costos para las empresas, pero sobre todo perjudicando a la clase trabajadora".