CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Baja California reportó que en el último año y medio se han realizado 67 inspecciones a los diversos ranchos de San Quintín, mientras que tan sólo esta semana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó 15 inspecciones simultáneas en las que se han revisado condiciones generales de trabajo .
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid se reunió con el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, con la finalidad de darle seguimiento a los avances que se han tenido sobre el tema de los jornaleros del valle de San Quintín, en Ensenada Baja California.
En el encuentro los funcionarios intercambiaron información proveniente de las diversas inspecciones que se han realizado en los campos agrícolas de dicha región al Sur de Ensenada, así como de la situación actual de los trabajadores agrícolas.
Vega de Lamadrid señaló que en lo que va de su administración (noviembre de 2013 a la fecha), se han realizado 67 inspecciones a los diversos ranchos de San Quintín y añadió que se han reunido en 7 ocasiones con los diferentes actores implicados en la situación de los trabajadores agrícolas y se han logrado concretar 64 acuerdos.
Navarrete Prida indicó que se han contabilizado 108 campos agrícolas y se han realizado tan sólo esta semana 15 inspecciones simultáneas en las cuales se han revisado las condiciones generales de trabajo, la formalización de los trabajadores ante el IMSS, así como el cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad y salud.
Asimismo, dio a conocer que están en revisión la totalidad de los 12 campos agrícolas que en su momento fueron denunciados.
Entre los acuerdos que se establecieron por parte de la STPS y el Gobierno de Baja California, destacan la realización de un programa de inspección anual, en donde participarán de manera conjunta el IMSS, INEA, Conafe e inspectores adscritos a las secretarias del trabajo federal y estatal.
También se acordó la realización permanente de un censo a los jornaleros agrícolas que se encuentran registrados mediante contratos colectivos, con la finalidad de garantizar los derechos que otorga la normatividad en la materia.
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