La delincuencia organizada está jugando un papel importante en el proceso electoral 2018, debido al grado de violencia contra candidatos y la debilidad institucional de Estado para enfrentar ese problema.
Así lo advirtieron, en entrevistas por separado con El Financiero, Orlando Camacho, dirigente de la organización México SOS, y Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.
"La violencia es lamentable, es un reflejo de la debilidad institucional; estas elecciones están siendo la radiografía exacta de la realidad del país en materia de violencia", dijo Orlando Camacho.
Un recuento de Etellekt, empresa de consultoría especializada en análisis de riesgos y políticas públicas, reveló que, al 8 de mayo, el país registró 305 agresiones, directas e indirectas contra actores políticos, su familia y colaboradores.
Según el informe, publicado el jueves pasado, del total de agresiones ocurridas en los ocho meses que lleva el proceso electoral, 93 fueron homicidios, en 35 de los cuales las víctimas fueron precandidatos y candidatos.
La lista de fallecidos también incluye a autoridades electas y dirigentes de partidos, del ámbito municipal principalmente; así como a 44 personas que eran familiares o colaboradores de actores políticos.
El caso más reciente es el de José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, asesinado el viernes pasado.
Orlando Camacho consideró que esa número es "escandaloso" y perfila estas elecciones como las "más violentas en la historia".
Advirtió que, si las instituciones del país no están preparadas y fortalecidas para enfrentar la delincuencia ordinaria, menos para lo extraordinario, como la elección del 1 de julio, que oferta más de 3 mil 400 puestos de elección popular.
"Hay elecciones y no hay manera de evitar la muerte de los candidatos", dijo el activista, quien señaló que la preocupación mayor está en los procesos locales, es decir, en las campañas a gobernadores, alcaldes, regidores o síndicos.
"Ahí se están dando la mayoría de esas muertes, es ahí donde sí hay violencia tremenda; muchas veces son lugares tomados por el crimen y no sé qué está pensado la autoridad para contener esto", aseguró.
Francisco Rivas advirtió del papel que juega el crimen organizado en el proceso electoral y el riesgo que ello significa para la sociedad.
"El problema no es la violencia contra candidatos, el problema es que la autoridad es incapaz de garantizar la seguridad y justicia a los ciudadanos y si no puede garantizar seguridad y justicia a los ciudadanos, menos a candidatos", consideró.
Dijo que la delincuencia organizada en un actor social, "nos guste o no nos guste", y genera daños en la sociedad, ya que tiene recursos que no tiene el ciudadano común o la autoridad, y eso lo convierte en un "riesgo importante para todos".
Explicó que la violencia es usada por los delincuentes para tratar de controlar el voto y la decisión de los candidatos y futuros funcionarios con relación a su conveniencia en materia de políticas públicas.
Apuntó que, si el delincuente quiere que un candidato se adhiera a su postura criminal, o lo compra dándole dinero o mata a alguien y así ya no necesitará el dinero para garantizar que mucha gente tome decisiones favorables a sus intereses sobre la base de ese miedo.
Son 6 estados foco rojo para trabajo político
Seis estados se han convertido en foco rojo en este proceso electoral. Guerrero encabeza la lista, ya que es la entidad con el mayor número de agresiones a políticos y con mayor debilidad institucional.
Una revisión del El Financiero permitió conocer que de 74 homicidios contra políticos, familiares o colaboradores de éstos, en 63 eventos ocurridos entre septiembre de 2017 y el 13 de mayo pasado, en Guerrero ocurrieron 20.
El segundo estado más letal para los políticos es Veracruz, con 10 casos, seguido del Estado de México, con nueve; Puebla, con ocho; Michoacán, con seis; Jalisco, con cuatro, y Chihuahua, Oaxaca e Hidalgo, con tres cada uno.
Otros estados donde han ocurrido crímenes de este tipo son Guanajuato, con dos, y Chiapas, Colima, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Tabasco, con un caso cada uno.
Por partido, el PRI acumula 13 políticos asesinados; seguido del PRD, con 10; PAN, con siete, Morena, con seis, Movimiento Ciudadano, con cinco y Nueva Alianza, Partido de los Pobres en Guerrero, Partido del Trabajo, Partido BCS Coherente, Partido Verde, Encuentro Social e independientes, con uno cada uno.
Mientras que las coaliciones PRD-PAN y PRD-PT tuvieron dos, y PRI-PVEM, una. Los restantes 21 fallecimientos fueron de personas de las que no se identificó su partido o eran familiares o colaboradores.
Orlando Camacho y Francisco Rivas advirtieron que lo que pone a Guerrero como principal punto de atención es la debilidad institucional.
"Guerrero siempre va a ser un riesgo, sin elecciones y con elecciones. Guerrero es un polvorín", dijo Camacho.
Advirtió que esa entidad tiene además pobreza, grupos de narcotráfico, tierra fértil en cultivo de amapola y presencia guerrilla activa. "Es uno de los principales lugares de riesgo, sin quitar otras zonas, me preocupa Guerrero", agregó.