Tras haber ganado este jueves la licitación de la Red Compartida, el consorcio ALTÁN, del cual forman parte las mexicanas Axtel y Megacable, invertirá alrededor 7 mil millones de dólares para el proyecto.
"Tenemos muchos estimados de inversión necesaria, pero en este momento se están iniciando las últimas negociaciones con los proveedores, que son lógicas; y esas negociaciones darán lugar al monto que anunciaremos en su momento", aseguró Eugenio Galdón, representante del consorcio ganador.
En un comunicado, ALTÁN dijo que dicho consorcio está constituido por un grupo sólido y equilibrado, y que los accionistas han comprometido un capital inicial de 750 millones de dólares.
El grupo que resultó ganador, liderado por Morgan Stanley Infraestructure y el Fondo China-México, era el único concursante de la Red Compartida, después de que el consorcio Rivada fue descalificado en la evaluación técnica por incumplir con la garantía de seriedad de mil millones de pesos.
La SCT aceptó la oferta de ALTÁN, la cual consiste en lograr una cobertura de 92.2 por ciento del territorio nacional.
El consorcio ganador se comprometió a cumplir con la cobertura total propuesta para el 27 de enero de 2021. "Al día siguiente de firmar el contrato, nos tendrán en las calles de todo México tratando de construir unas redes para mejorar las telecomunicaciones del país", comentó Galdón, tras la emisión del fallo.
Según las bases del concurso, ALTÁN prevé realizar la firma del contrato de la Asociación Público-Privada el 27 de enero próximo.
El inicio de las operaciones del proyecto será el 31 de marzo del 2018 y la concesión de éste tiene una duración de 20 años con opción a prórroga por un periodo igual.
Rivada buscará frenar contrato
Tras la adjudicación del proyecto de la Red Compartida al consorcio ALTÁN, Rivada buscará frenar la firma formal del contrato de la Asociación Público-Privada (APP) del grupo ganador, el siguiente paso en el concurso tras el fallo.
El consorcio Rivada fue descalificado en la fase de la presentación de las ofertas técnicas, al incumplir con el pago de garantía de seriedad por mil millones de pesos, tras lo cual tramitó un amparo que ahora está en manos de un tribunal colegiado en materia administrativa.
"Estamos en derecho de solicitar la suspensión, no contra el fallo pero sí contra sus efectos y consecuencias. Según la bases, hay todavía una serie de actos para la formalización del contrato y por supuesto esos efectos pueden ser materia en el juicio de amparo", afirmó Julián Domínguez Arroyo, apoderado legal del consorcio Rivada.
Parte del reclamo de Rivada está relacionado con que no se haya atendido la prórroga para presentar la garantía de seriedad.