La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el plan de financiamiento y en las contrataciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Entre las observaciones que sustentó para el año 2016 la autoridad fiscalizadora, encontró que el gobierno federal no lleva el control del costo de la construcción de dicho proyecto y que tampoco ha actualizado el valor de las obras a la fecha.
El valor de las obras de construcción del NAICM ascienden a 186 mil millones de pesos actualizados hasta el cierre del año pasado por la inflación.
Además, que lo erogado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) entre 2014 y 2016 no coincide con el plan original de que el 58 por ciento fueran recursos fiscales y 42 por ciento privados, que provienen de los créditos bancarios y bonos.
"De 2014 a 2016, el GACM aportó 58 mil 851 millones de pesos al fideicomiso no paraestatal 80726 (31 mil 058 millones de pesos privados, el 52.8 por ciento, y 27 mil 792 millones de peso fiscales, el 47.2 por ciento).
Por otro lado, la ASF también reportó que el grupo aeroportuario no firmó el contrato para la losa de cimentación del edificio terminal en la fecha señalada del fallo, entregó el anticipo, al contratista ICA, de manera extemporánea y no se iniciaron los trabajos en la fecha pactada.
Un caso similar fue el de los pilotes de la torre de control, edificio terminal y del centro de transporte, el cual ganó Gami Ingeniería e Instalaciones. En dicho contrato, el anticipó se entregó 97 días después de la fecha de inicio de los trabajos.
También reportó que para las obras de excavación de prueba, losa experimental y prueba de pilotes para el edificio terminal y torre de control del NAICM, el grupo aeroportuario adjudicó directamente a Cimentaciones Mexicanas SA de CV cuando ésta había sido una propuesta 61 por ciento más cara en un concurso previo de licitación desierto.
Finalmente, en otra de las auditorías realizada al NAICM, se encontró que hubo carencia de la evidencia de prestación de servicios con un monto de 269 millones de pesos; carencia de documentación en procesos de adjudicación y que prestadores de servicios contratados no presentaron declaraciones anuales.
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