La iniciativa presidencial de leyes secundarias en telecomunicaciones, enviada este lunes al Senado de la República con más de tres meses de retraso, generó controversia y posturas encontradas.
Los dirigentes nacionales del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, se aliaron para expresar su rechazo porque el gobierno pretende reducir el alcance de la legislación y hay claras violaciones a la Constitución.
En conferencia de prensa, en la que sólo leyeron un mensaje en el que alternaron su voz y no aceptaron preguntas, advirtieron que esta propuesta pretende ser reducida por el gobierno en su alcance y significación y con claras violaciones a la Constitución.
Consideraron como "inadmisible" que en estos proyectos de leyes se desconozcan los avances alcanzados y expresados en la Constitución.
Como ejemplo señalaron las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dijeron "pretenden ser reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo como si no se hubieran transferido al nuevo instituto en su carácter de órgano autónomo del Estado".
Senadores de PRI, PAN y PRD mostraron posiciones divergentes en cuanto al contenido y los tiempos para sacar adelante este proyecto.
En respuesta a las descalificaciones, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que el documento enviado esta tarde al Senado por el Poder Ejecutivo fue validado por organizaciones especializadas nacionales e internacionales.
En entrevista con Alejandro Cacho, en el noticiario nocturno de El Financiero Bloomberg, Ruiz Esparza expuso como ejemplo el caso del "must carry y el must offer", referente a la facilitación del acceso de las cableras al contenido de las concesionarias de TV abierta como Televisa y TV Azteca.
En este sentido advirtió que la iniciativa propone dar más poder a pequeños participantes del sector, no para debilitar a alguna empresa en particular, sino para balancear el terreno del mercado.
"Estuvimos buscando una situación en la que cada sector genere lo que buscamos fundamentalmente: mayor competencia y precios más accesibles", indicó.
Por otra parte, especialistas consideraron que la iniciativa representa un retroceso.
"Es una propuesta bastante regresiva. En algunos casos es contrario a la Constitución", dijo Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Explicó que la nueva regulación otorga atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no le corresponden, como es la de opinar sobre los informes del IFT y de su programa de trabajo.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que la iniciativa del Ejecutivo pierde la noción de servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión. "El Ejecutivo pretende, otra vez, subsumir al órgano regulador a sus determinaciones", comentó la directiva.