La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) exhortó al Senado de la República a establecer límites en el nuevo régimen de concesiones que incluye el proyecto de la legislación secundaria en telecomunicaciones, que el Ejecutivo federal envió a la cámara alta para su revisión.
En el primer día de foros sobre la iniciativa de telecomunicaciones, Eduardo Ruiz Vega, representante de la CIRT, dijo que los concesionarios de la radiodifusión consideran que "deben establecerse en la legislación secundaria, los mecanismos y procedimientos objetivos que garanticen la observancia cabal de la restricción para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones".
De lo contrario, dijo, el mercado se vería distorsionado y contaminado ante una inequidad inherente al hecho de que estos nuevos concesionarios no están sujetos a la regla de la licitación pública para obtener sus títulos de concesión.
Explicó que la iniciativa del Ejecutivo incorpora al régimen de concesión federal a las estaciones de naturaleza pública y social, que hasta ahora han operado con base en permisos.
Esta modificación debe realizarse estableciendo con precisión las condiciones a que deberá sujetarse la operación de cada tipo de emisoras concesionadas, de manera que no se altere su naturaleza y finalidad constitucional, advirtió Ruiz Vega, ex comisionado de la Cofetel.
Los patrocinios, entendidos en términos del proyecto, como el pago en efectivo o en especie que realice cualquier persona a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación, razón social, marca de la persona que realizó el pago, devienen en un concepto laxo que en la práctica se puede traducir en una modalidad de publicidad comercial.
Si las estaciones de radiodifusión sonora públicas y sociales comercializan, a través del patrocinio, su naturaleza se perderá y con ello se violentarán diversos principios fundamentales consagrados en la Constitución, dijo Ruiz Vega.
Es fundamental establecer los mecanismos para normar esta figura con toda precisión, delimitar sus características y garantizar que en todo momento la autoridad podrá verificar que, en los hechos, las radiodifusoras de uso público y social no se aparten de su naturaleza de estaciones no comerciales, consideró.
La CIRT mostró su preocupación ante la iniciativa de imponer sanciones con base en el nivel de ingresos de las estaciones de radiodifusión, cuando existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de la radiodifusión, incluyendo los económicos, respecto del resto de las telecomunicaciones, indicó Ruiz Vega, quien también se desempeña como directivo de Grupo Salinas.