Especialistas consideraron que la ley secundaria en telecomunicaciones que el Ejecutivo federal enviará al Senado de la República, debe ser congruente con la reforma constitucional que se promulgó el 10 de junio de 2013, de lo contrario, se corre el riesgo de perder los avances logrados.
Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones, comentó que la ley secundaria debe dejar atrás la participación de la Secretaría de Gobernación en materia de supervisión de contenidos audiovisuales, dado que la reforma constitucional abre la oportunidad de que dichas facultades queden en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
"Es importante que se fortalezcan las medidas de competencia económica y que se establezca el respeto a los derechos de las audiencias", dijo la experta.
Una vez que el Ejecutivo envíe el documento a la cámara alta, se tendrá que revisar a detalle la forma en la que se establecen las sanciones económicas a los concesionarios que incumplan con la normatividad, consideró.
En el tema de las subastas, explicó Levy, es importante que se respeten los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sentó un precedente al dictaminar a favor de los criterios de cobertura, por encima de los económicos.
Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy&Law, dijo que el tema toral de la ley secundaria será mantener los conceptos de servicios públicos.
Si bien en la reforma constitucional, en el artículo sexto, se establece que tanto la radiodifusión, como las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, en los borradores que se filtraron la semana pasada, dicho concepto aparece sólo de manera enunciativa.
"Si en el corazón de la ley no está el concepto de servicio público, la reforma que se aprobó el año pasado se va a desmaterializar", dijo Negrete.
En opinión del especialista Raúl Trejo, los borradores no contienen garantías para medios públicos ni respaldo a producción nacional independiente. Además,