El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a América Móvil y Telcel una multa por 96 millones 825 mil 831.5 pesos por la práctica monopólica relativa a celebrar convenios de exclusividad con la empresa Blue Label México (BLM) -dedicada a proveer medios de pagos electrónicos al servicio minorista-, los cuales impedían comercializar o proporcionar tiempo aire de los competidores en el servicio de telefonía móvil.
A través de un comunicado, la autoridad reguladora detalló que esta conducta, ocurrida entre el 31 de marzo de 2012 y el 12 de agosto de 2014, constituye una práctica monopólica relativa prevista en el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) vigente en 2012.
Cabe destacar que la sanción se da en consideración de lo establecido en los artículos 35 y 36 de la LFCE 2012.
"En este sentido, el Pleno del IFT determinó que la conducta de América Móvil y Telcel tuvo el objeto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado relevante e impedir sustancialmente el acceso a otros agentes a los mercados relacionados", señala el documento.
La investigación de este caso inició el 15 de octubre de 2014 luego de que el Instituto recibiera una denuncia en contra de Telcel y otros por presuntas prácticas monopólicas relativas, la cual concluyó el 30 de mayo de 2017.
Posteriormente, el 30 de agosto de ese mismo año, la Autoridad Investigadora del IFT emitió el Oficio de Probable Responsabilidad (OPR) en el que imputó a América Móvil y Telcel la conducta consistente en celebrar un acuerdo de exclusividad con incentivos a BLM, el cual fue seguido por un procedimiento en forma de juicio en el que las emplazadas ejercieron su derecho de audiencia y presentaron manifestaciones y pruebas.
"Una vez desahogado el procedimiento e integrado el expediente, el 21 de febrero de 2018, se turnó el asunto al Comisionado Adolfo Cuevas Teja quien, en su carácter de Comisionado Ponente, con fundamento en el artículo 33, fracción VI, de la LFCE 2012, estuvo a cargo de presentar el Proyecto de Resolución a votación de sus pares y de integrar la Resolución final", añade el comunicado.
Con esta resolución, apuntó el Instituto, se cumple con el mandato de la Constitución y la Ley Federal de Competencia Económica vigente al garantizar la concurrencia y la competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.