La investigación iniciada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para indagar la existencia de posibles jugadores con poder sustancial en los mercados de voz, internet y/o video, implicaría la revisión de la participación de operadores como izzi, de Televisa, que actualmente es el único que provee los tres servicios empaquetados; o de América Móvil, quien oferta voz y datos.
La indagatoria revelaría, a decir de Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), quiénes competirán en estos segmentos, donde actualmente hay un único operador regional en muchas ciudades y solo por servicio.
"El paquete ofrecido por Televisa lo convierte en el único jugador que puede innovar; ahí hay claros indicios de concentración y de algún tipo de poder económico que se está consolidando en virtud de la ley, porque nadie más puede participar, y además, no hay los incentivos regulatorios para que otro operador participe y compita", explicó.
Aunque consideró incierto el resultado de esta indagatoria, el experto estimó que la competencia en el mercado convergente se ha deprimido pues no hay competidores ni incentivos para que otros operadores participen.
"En televisión de paga, por ejemplo, no creo que se le deba dar apertura solo a América Móvil, tienen que entrarle AT&T y Telefónica también. México tiene que gozar de un mercado con servicios convergentes y eficientes", agregó Negrete.
Por su parte, Salomón Padilla señaló que la función regulatoria debe ser más técnica y menos política. En ese sentido, espera que la indagatoria permita ver más claramente el mercado tras las concentraciones que se han generado.
Sin embargo, aunque no hay detalles sobre cómo se desarrollará el proceso, los expertos infieren que la investigación abre paso a pensar en regulaciones adicionales aplicables al preponderante en telecomunicaciones, AMóvil; aunque no es claro el rumbo que tomará la investigación.
El IFT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el procedimiento se llevará a cabo a nivel nacional, estatal, regional y/o local en un plazo no mayor a 90 días.