Un tribunal especializado en materia de telecomunicaciones determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe reabrir un caso en el cual Telefónica México acusó a las empresas de América Móvil de violar sus obligaciones como agente económico preponderante al negarse a entregarle información sobre su red en abril del año pasado, cuando entró en vigor la regulación asimétrica contra estas firmas.
"Se otorga el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable valore puntualmente la totalidad de las probanzas exhibidas en el concurso de queja de once de abril de dos mil catorce y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda", determinaron de manera unánime los ministros del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Telefónica México presentó pruebas de que Telmex le había negado los datos sobre diversas partes de su red, pero el IFT respondió que las compañías de América Móvil habían cumplido parcial o totalmente con las regulaciones que le impuso.
Pero el Tribunal determinó que el Instituto había actuado de manera errónea al desechar las pruebas de la filial de la firma española en México sobre los incumplimientos de medidas como la Quinta, que obligaba a Telmex a entregar la información sobre sus puntos de interconexión, y que de haber llegado a esa conclusión, determinar si era merecedora de una sanción.
Un juzgado especializado había desechado el amparo en primera instancia debido a que consideró que Telefónica no había acreditado de manera correcta su interés legítimo en el caso, pero el tribunal llegó a la conclusión de que sí lo había logrado, y por tanto, se debía entrar al fondo del asunto de los agravios expuestos, aunque no analizó todos, pues al obligar al IFT a retomar el caso, tomando en cuenta las pruebas de Telefónica, no tenía sentido revisar los demás agravios que argumentó la operadora.
Ahora el Instituto deberá retomar la denuncia de Telefónica la cual puede derivar en sanciones económicas contra AMóvil si al final decide que incumplió con las medidas que le impuso a principios del año pasado, cuando determinó que acaparaba más del 50 por ciento del sector de las telecomunicaciones.
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