El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concluyó la revisión de títulos de concesión vigentes y creó el Registro Público de Concesiones de Servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo cual el regulador saldó dos de los cinco mandatos constitucionales establecidos en la reforma de telecomunicaciones promulgada el 10 de junio de 2013.
En opinión de los analistas, quedan pendientes las declaraciones de agentes económicos preponderantes, el procedimiento de desagregación de la red de Telmex, así como la emisión de bases y convocatoria para licitar dos nuevas cadenas de televisión. Dichas tareas tienen que ser concluidas antes del próximo 9 de marzo.
Irene Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones, consideró que a partir de la integración del Registro, el regulador debe emitir un diagnóstico en el que discrimine procesos administrativos e instrumente una mejora regulatoria.
A decir de la experta, el IFT debe también establecer medidas de transparencia focalizada, en las que se obligue a los concesionarios a transparentar temas relacionados con las tarifas de sus servicios, sus concesiones, entre otros.
Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy&Law, dijo que es importante la integración del Registro y consideró que dicho instrumento debe contener el nombre de los principales socios, así como el resto de subsidiarias de cada grupo de interés económico.
Ayer, el IFT dijo que "cumplió con los mandatos contenidos en las fracciones V y VI del artículo octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones".
Dijo que el Registro Público de Concesiones se pondrá a disposición para consulta del público en general; dicho instrumento incluye la información relevante sobre 3 mil 323 títulos de concesión de telecomunicaciones y radiodifusión.
Concluida la revisión de los títulos de concesión, se han formulado requerimientos de información a los operadores cuyos expedientes no están completos, dijo el IFT.
Una vez desahogados dichos requerimientos, se contará con un diagnóstico para establecer mecanismos de mejora regulatoria y simplificación administrativa, y en los casos de incumplimientos, iniciar los procedimientos de sanción.