Daniel Medina, vocero de la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México, expresó que no se cuenta con esquemas de políticas públicas que permitan el transporte bajo el modelo de Uber y Cabify.
En el debate sobre este tipo de servicios realizado en las instalaciones del Laboratorio para la Ciudad, Medina afirmó que la operación del transporte mediante aplicaciones, bajo el argumento de que éste es de naturaleza privada, es desvirtuada e ilegal, pues el servicio no se realiza con la finalidad de satisfacer necesidades particulares, sino que se presta al público en general.
El representante de la organización expresó que este tipo de empresas llevan a cabo la prestación del servicio de forma similar a las de los taxistas, resaltando que el prestador del servicio y el cliente no se conocen.
Rubén Alcántara, líder de la alianza de radio taxistas y bases de taxis, dijo que el transporte que proporcionan las empresa es ilegal, de acuerdo con las normas estipuladas en la Ley de Movilidad.
"La prestación que estas empresas hacen es de manera ilegal, porque transportan al público en general, aunque se digan privados", señaló.
Además, mencionó que pese a que están generando ingresos, ninguno de estos recursos van a a las arcas de la ciudad.
Ana Paula Blanco, directora de comunicación de Uber para América Latina, señaló que la aplicación funciona apegada a la ley pagando los impuestos estipulados por la autoridad.
Al respecto, mencionó que también un gran número de socios están dándose de alta en Hacienda y pagando impuestos al tiempo que detalló que cerca del 70 por ciento los socios ya están dados de alta ante la autoridad tributaria.
Ricardo Weder, CEO de Cabify en México, detalló que la empresa ha invertido en pago de impuestos y ha generado inversiones de 40 millones de dólares.
Afirmó que es importante poner una regulación justa que evite el monopolio en este sector.
En su opinión, Paola Vázquez, abogada por la UNAM, precisó que Uber y Cabify sí operan de forma ilegal de acuerdo a la ley de movilidad de transporte en la Ciudad de México.
Señaló que el servicio de transporte público se puede prestar sólo si es libre de fines de lucro, y estas empresas sí generan ingresos.
Sin embargo, la experta apuntó que las dos empresas representan una mejora en materia de servicio, costos y percepción de seguridad.
Además expresó que una regulación es necesaria y urgente.
Por su parte, Ignacio Rodríguez, vocero de la Asociación Mexicana de Taxistas de la Ciudad de México, se expresó a favor de encontrar una forma cómo aplicar las concesiones y evitar las barreras de entrada a la prestación de estos servicios.
También exhortó a las autoridades para que abran estándares de calidad para las partes involucradas en el transporte.
Emilio Saldaña, especialista en tecnología, dijo que este tipo de soluciones no es ajena para los taxistas o exclusiva las empresa extranjeras.
En este sentido señaló que existiría una gran ventaja si los taxistas mostraran el nivel de control que las empresa privadas han traído al servicio de transporte.
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