La descripción se lee como una fantasía caribeña del jet-set. Por la noche había bailes con el actor George Hamilton y cenas al aire libre en el puesto de avanzada local de Le Cirque. Durante el día había viajes en botes a playas desiertas con el príncipe Dimitri de Yugoslavia. El desayuno era servido a los invitados de las villas en platos llenos de flores junto con "el más celestial jugo de tomate recién exprimido".
"Tengo que decirlo, quedarse en chez Fanjul es tan bueno como puede ser" escribe el autor. "Primero que nada no hay mejores anfitriones, más divertidos o adorables que Pepe y Emilia. Además, sucede que ellos viven en el Paraíso".
El diario de viaje sería poco más que un diario de vacaciones de la alta sociedad si no fuera por los individuos involucrados. En cambio, el marido del autor y sus anfitriones son ahora dos de los principales personajes en una de las negociaciones comerciales más delicadas del mundo, la cual tiene el potencial de añadir una guerra del azúcar a una lista creciente de tensiones entre Estados Unidos y México.
Describiendo el viaje de 2009 estaba Hilary Geary Ross, esposa socialité de Wilbur Ross, el multimillonario inversionista que es ahora el secretario de Comercio de Donald Trump. Sus anfitriones en Casa de Campo, un complejo hotelero de lujo: José "Pepe" Fanjul, el barón del azúcar nacido en Cuba, y su esposa Emilia.
Ocho años después, los señores Ross y Fanjul son los actores estelares en una negociación para resolver una amarga disputa de azúcar sobre las exportaciones mexicanas a EU con el 5 de junio como fecha límite.
Los negociadores mexicanos temen que el señor Fanjul —un donador republicano de mucho tiempo y copropietario de la productora de azúcar del Reino Unido Tate & Lyle, la cual cabildeó a favor del Brexit— esté secretamente tirando de las cuerdas políticas.
Las conversaciones sobre el azúcar son un ensayo general para negociaciones que se realizarán este año para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que gobierna el comercio de Canadá, México y Estados Unidos en todo, desde coches hasta maíz. Y eso las convierte en una prueba temprana para el presidente Donald Trump, quien regularmente se jacta de sus proezas para hacer negocios.
Pero también sirven como ejemplo del campo minado de intereses y poderosos cabildeos que la administración de Trump tiene que navegar a medida que se propone renegociar el NAFTA. Y están llamando la atención sobre las inusuales relaciones personales que los multimillonarios miembros del gabinete de Trump como el señor Ross, antiguo banquero Rotschild que hizo su fortuna alrededor de negocios en dificultades, ha traído al gobierno.
Ross y Fanjul nunca han hecho negocios juntos. Pero se conocen desde años, principalmente a través de los círculos sociales de Nueva York y Palm Beach. Los dos hombres además han encontrado un propósito en común en la política. Fanjul es un antiguo patrón de Marco Rubio, pero se convirtió en un importante donante de la campaña de Trump después de que la candidatura presidencial del senador por Florida se derrumbara el año pasado.
Cuando Ross fue anfitrión de una recaudación de fondos para Trump en julio pasado en su casa de Southampton, Long Island, Fanjul fue parte del exclusivo "comité anfitrión". Ese día, de acuerdo con los registros de la campaña recopilados por el Centro para Políticas Responsivas (Center for Responsive Politics por sus siglas en inglés), él donó 94 mil 600 dólares al Partido Republicano y 5 mil 400 dólares a la campaña de Donald Trump.
El papel de Fanjul en las conversaciones sobre el azúcar ha sido enteramente tras bambalinas, de acuerdo con fuentes cercanas a las pláticas. En semanas recientes el barón del azúcar ha visitado Washington como parte de las negociaciones, de acuerdo con una persona cercana a la situación. Él y su hijo han hablado incluso varias veces por teléfono con Ross.
Florida Crystals, la compañía controlada por Pepe Fanjul y su hermano mayor, Alfonso "Alfy" Fanjul, rechazó repetidas peticiones de comentarios. Un vocero de la industria encargado de responder a nombre de ella dijo: "Quienes asistieron a las reuniones o tuvieron conversaciones es irrelevante para el caso en cuestión".
Pero la participación de Pepe no debería ser una sorpresa. Los hermanos son actores importantes tanto en la industria azucarera de Estados Unidos como en las políticas del país. La familia poseyó una vez vastas plantaciones en Cuba pero fue expulsada por Fidel Castro. "No queremos que lo que ocurrió en Cuba nos pase de nuevo", dijo Alfy Fanjul en una rara entrevista a la revista Vanity Fair en 2001.
En 2016, los hermanos Fanjul donaron cada uno más de 300 mil dólares a campañas políticas, con Pepe centrado en los republicanos y Alfy, un partidario de Clinton de hace mucho tiempo, optando por las causas demócratas. Su compañía familiar, Fanjul Corp, donó más de un millón 100 mil dólares en 2016, de acuerdo con datos recabados por el CPR.
Ese empuje a la política es parte de una campaña más grande por parte de una industria que en Washington es simplemente conocida como "Big Sugar" y ha estado flexionando sus músculos en las últimas pláticas. Considerada por mucho tiempo como uno de los mayores beneficiarios de los subsidios y proteccionismo de EU, la industria donó 11 millones 200 mil dólares a campañas políticas en 2016 y ha ido con todo en las últimas semanas para instar a la administración Trump a tomar una línea dura en México.
Su mensaje está diseñado para resonar con un presidente que ganó las elecciones del año pasado en parte por su oposición al Nafta y a las compañías que llevan los puestos de trabajo a México. "Creo que (Wilbur Ross) realmente entiende que esto es sobre los trabajos azucareros estadounidenses que potencialmente van a México", dijo Jack Roney, director de economía y análisis de políticas para la Alianza Americana del Azúcar (American Sugar Alliance por sus siglas en inglés), la voz de la industria en México.
Un vocero del secretario de Comercio de Estados Unidos diría que las negociaciones han sido "difíciles" y que el señor Ross permanece esperanzado de que pueda alcanzarse un acuerdo. Pero gente cercana a las negociaciones dice que la presión de la industria parece haber contribuido a un cambio en la administración.
Ross fue inicialmente conciliador, describiendo un acuerdo como un fácil mecanismo para reconstruir la confianza con México tras un acre inicio de año.
"Espero que esto será el comienzo de una larga y fructífera relación que fortalecerá nuestras naciones, dijo a reporteros el pasado marzo, después de lanzar la última ronda de negociaciones durante una visita de Idelfonso Guajardo, secretario de Economía de México.
En privado, algunos funcionarios del Gobierno de Trump lanzaron las pláticas como una manera de ayudar al gobierno centrista de Enrique Peña Nieto a cortejar a los dos millones de mexicanos que trabajan en la industria azucarera. Esos trabajadores, advirtieron, representaban un electorado natural para Andrés Manuel López Obrador el populista de izquierda líder en las urnas antes de las elecciones del próximo año. Una victoria para el hombre conocido como "AMLO" inevitablemente llevaría a la relación con Estados Unidos a más confrontaciones.
Sin embargo, una vez que las negociaciones comenzaron, de acuerdo con los involucrados, el tono cambió y no se ha movido desde entonces. En un momento dado, según personas de ambos lados de las conversaciones, Ross dijo a sus contrapartes mexicanas vía telefónica que sólo necesitaba 15 minutos para sellar el acuerdo con la industria estadounidense.
Cuando él llamó 90 minutos más tarde, dice Juan Cortina, quien como presidente de la Cámara Nacional Azucarera de México ha jugado un papel clave en las pláticas, el mensaje era contundente y Ross sonaba desinflado.
Cortina describió cómo fue la conversación: "'Él dijo: no puedo venderlo con mi industria. Siempre han golpeado por encima de su peso, tienen un montón de cabilderos en el Congreso y yo no puedo obligarlos a aceptar. Tómenlo o déjenlo, y si no firmas… pondré orden en las obligaciones'".
La disputa entre México y Estados Unidos surgió de una colisión entre el prolongado y controversial apoyo a los productores de azúcar y sus obligaciones bajo el Nafta, que en 2008 obligó a los Estados Unidos a eliminar restricciones a las importaciones mexicanas.
Enfurecidos por lo que afirmaron era una inundación de azúcar barata, productores estadounidenses respondieron lanzando un caso de antidumping en 2014. Antes de que se introdujeran los aranceles punitivos, se negoció un acuerdo que establecía un precio mínimo y cuotas estrictas para las importaciones mexicanas. Pero esa negociación colapsó el año pasado después de que los productores de Estados Unidos acusaron a México de hacer juegos con el sistema.
Bajo el acuerdo de 2014, México, que espera enviar cerca de un millón de toneladas de azúcar a Estados Unidos este año, pudo mandar 53 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos como azúcar refinada de mayor valor. Estados Unidos está presionando a México para que se vea obligado a enviar 85 por ciento de sus exportaciones como azúcar sin refinar menos rentable para ser refinado en las fábricas de ese país.
Eso ha enfurecido a la industria azucarera Mexicana y ha solicitado sus propias llamadas proteccionistas. En una carta de la semana pasada Enrique Bojórquez, presidente de Sucroliq, el mayor productor de azúcar líquida en México, instó al gobierno a reducir las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa procedente de Estados Unidos. "Estados Unidos hace bien en defender a sus agricultores. En México, ellos son sacrificados", afirmó.
Los agricultores y refinadores de Estados Unidos todavía acusan a la industria mexicana de montar un asalto subsidiado por el Estado a sus medios de subsistencia y comunidades, señalando el rescate del gobierno de la industria mexicana en 2001 que vio a 27 ingenios nacionalizarse con los últimos dos regresando a manos privados sólo el año pasado.
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"El año pasado recolecté la mayor cosecha de remolacha azucarera que he cultivado y perderé dinero", dice John Snyder, un agricultor de remolacha de quinta generación de Worland, Wyoming y que hasta hace poco era presidente de la Asociación Americana de Agricultores de Remolacha de Azúcar (American Sugarbeet Growers Association por sus siglas en inglés), un peticionario en el caso de dumping de 2014.
"Cuando (los productores mexicanos) estaban descargando todo ese azúcar en nuestro mercado, deprimieron sustancialmente nuestros precios. Y estamos viviendo con el impacto de eso".
Si no se llega a un acuerdo para el 5 de junio, el señor Ross ha amenazado con imponer aranceles de 80 por ciento o más a las importaciones mexicanas de azúcar. México ya está hablando de medidas de represalia si eso sucede, una opción facilitada por su reciente victoria en un caso de la Organización Mundial de Comercio contra las restricciones estadounidenses al atún que ha dado a México el derecho legal de recaudar 163 millones de dólares al año en sanciones comerciales contra Washington.
Las conversaciones dependen de detalles complicados –como décimas de puntos porcentuales en la "polaridad" o calidad del azúcar crudo importado. Pero las discusiones subyacentes revelan sospechas más profundas: los productores mexicanos de azúcar creen que ellos son los objetivos en otro esfuerzo de los Fanjul y los productores estadounidenses de sacarlos del mercado de Estados Unidos.
"Ellos quieren más (azúcar) para sus fábricas, por lo que (el objetivo es) eliminar la competencia de México y eliminar la competencia de (otras empresas) en los Estados Unidos. Ellos quieren convertirse en el monopolio de la refinación de caña de azúcar", afirmó Cortina.
Otros cercanos al lado mexicano ven el episodio como una muestra del poder de los Fanjul en el Congreso y una lección para la administración de Trump en las dificultades de llevar una industria bien conectada.
"Ross sinceramente está tratando de conseguir un acuerdo, pero Fanjul y sus hermanos en el Congreso están poniendo una gran presión sobre él", dice James Glassman, un exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que está ayudando a la Cámara Azucarera de México.
También están alineados contra la industria "Big Sugar" los fabricantes de confitería y otros usuarios del azúcar. En una carta dirigida a Ross la semana pasada, 51 miembros del Congreso advirtieron que imponer aranceles al azúcar mexicana sólo perjudicaría a las compañías alimentarias estadounidenses, las cuales ya se quejan de pagar un precio inflado.
"Esta es una propuesta que sólo un tipo en la industria azucarera en Estados Unidos podría amar", comentó Bill O'Conner, de la Asociación de Usuarios de Edulcorantes de Estados Unidos (US Sweetener Users Association por sus siglas en inglés).
El equipo negociador de México aún cree que algunos del lado de Estados Unidos quieren entorpecer cualquier acuerdo.
Eso también beneficiaría a los Fanjul. El complejo hotelero donde Ross y su esposa se alojaron en 2009 es propiedad de Central Romana, perteneciente a la familia Fanjul y la compañía del sector privado más grande República Dominicana. Entre sus explotaciones están las plantaciones de caña de azúcar que exportan azúcar sin refinar a los Estados Unidos y se beneficiarían de las restricciones a sus rivales mexicanos.
También está claro que eso sería un duro golpe a los productores mexicanos de azúcar y trabajadores, ya alarmados por los ataques de Trump a los migrantes mexicanos y su promesa de construir un muro fronterizo.
"Ese Trump está muy enojado. Está enojado con los mexicanos. Es racista y es por eso que no quiere el azúcar mexicano", se queja Carlos Vázquez, mecánico de 52 años en el ingenio de Tala, ubicado cerca de Guadalajara, y quien teme por su trabajo si Estados Unidos se sale con la suya. "Podría haber muchos despidos en México".
Lousiana: Una industria protegida aún enfrenta tiempos difíciles
En las áreas de cultivo de caña de azúcar de Lousiana, donde los agricultores comenzaron a cosechar caña de azúcar en la década de 1790, la industria se está preparando para su cosecha consecutiva 223.
"Es una parte crucial de nuestra historia, nuestra herencia y nuestra economía", afirma Jim Simon, gerente general de la Liga Americana de la Caña de Azúcar (American Sugar Cane League por sus siglas en inglés), la cual representa a los productores de caña de Lousiana.
Pero la industria azucarera de Lousiana también está en declive.
Cuando Simon asumió el cargo de gerente general de la organización en 2004, el estado tenía 17 ingenios azucareros y 750 familias dedicadas a la caña de azúcar.
Ahora ha bajado a 11 molinos y 450 familias. Eso señala una peculiar paradoja. Los agricultores y fabricantes de azúcar de Estados Unidos han sido considerados por largo tiempo como uno los mayores beneficiarios de las conexiones políticas y protección comercial.
Además de las restricciones a las importaciones, Washington establece un precio mínimo para el azúcar, garantiza préstamos y opera un sistema de cuotas de producción que hace difícil la entrada de nuevos productores al mercado.
Pero a través de la industria –de los productores de remolacha en el Medio Oeste a los campos de caña de Lousiana- los líderes de ésta se quejan de tiempos difíciles. Un factor, especialmente en el país de la remolacha azucarera donde muchos agricultores dependen de muchos cultivos, es la caída de los precios de otras materias primas. Aun así, el señor Simón y otros culpan también a México y lo que él ve es otra competencia desleal.
La última disputa con México no tiene nada que ver con debates más amplios sobre la política del azúcar o la inminente renegociación del Nafta, argumentan. Se trata simplemente de hacer valer su victoria en un caso de antidumping de 2014.
"Nuestros agricultores y productores pueden competir con cualquier granja o molino en el mundo", afirma Simon. "Pero no podemos competir contra sus gobiernos y no vamos a quedarnos ociosos y no usar las leyes que están ahí para proteger". Shawn Donnan.
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