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La Corte Suprema de Brasil dictaminó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva debe enfrentar una pena de cárcel en lo que representa una decisión histórica que dividirá aún más al país más grande de América Latina antes de las elecciones nacionales a celebrarse en octubre.
La mayoría de los 11 magistrados de la Corte Suprema rechazaron el miércoles una solicitud del líder político izquierdista de permanecer en libertad mientras apela una condena por corrupción.
Los medios de comunicación social rebosaron de expresiones a favor y en contra del ex presidente. "Lula, ladrón, tu lugar está en prisión", escribió un detractor en Twitter.
"Nelson Mandela, Gandhi y Lula, tres líderes, un hecho en común: todos fueron perseguidos por defender al pueblo", replicaron los partidarios del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva.
El inminente encarcelamiento del expresidente representa la dramática caída del aguerrido populista del municipio industrial São Bernardo do Campo de São Paulo, quien salió de la pobreza y se convirtió en el primer presidente de clase trabajadora del país.
También amenaza con abrir las que se espera sean las elecciones más impredecibles de la historia de Brasil, en las que el expresidente marcha al frente de las encuestas con un 36 por ciento de apoyo, el doble de su contendiente más cercano.
Durante sus ocho años de mandato, que finalizaron en 2010, al extrabajador metalúrgico se le atribuyó el mérito de sacar a millones de personas de la pobreza en uno de los países más desiguales del mundo mediante prestaciones sociales y aumentos salariales.
Pero la economía se deterioró bajo su sucesora escogida, Dilma Rousseff, durante cuyo mandato Brasil sufrió su peor recesión en 2015 y 2016. Fue acusada y destituida de su cargo en 2016.
Mientras tanto, los fiscales comenzaron lo que se ha convertido en el mayor caso de corrupción en la historia del país, la investigación 'Lava Jato', la cual se enfocó en esquemas de sobornos en la compañía petrolera estatal Petrobras.
El expresidente fue declarado culpable y sentenciado a más de 12 años de prisión por aceptar un apartamento junto a la playa y otros favores de las compañías de construcción a cambio de ayudarlas a obtener contratos con Petrobras.
Lula da Silva niega haber cometido irregularidades y sus abogados alegan que el caso es un juicio político que tiene el propósito de sacarlo de las elecciones de octubre.
Los analistas dijeron que el juicio demostró que Lava Jato -que ha involucrado a políticos de todo el espectro político, incluyendo al actual presidente de centroderecha Michel Temer- sería uno de los factores decisivos en estas elecciones.
"Los efectos de Lava Jato hacen que estas elecciones sean muy inciertas", dijo Matias Spektor, analista político de la Fundación Getulio Vargas, una universidad en São Paulo.
Los mercados se mostraron cautelosos en el periodo previo al dictamen, durante el cual el índice bursátil Ibovespa se fue ligeramente a la baja y la moneda de Brasil, el real, se debilitó marginalmente frente al dólar el miércoles.
"Nadie ha sido más perseguido que Lula", dijo Gleisi Hoffman, una senadora que es presidenta del PT.
La decisión del tribunal se basó principalmente en si una persona declarada culpable de un delito y a quien se le ratificó esa condena tras una apelación debe ser encarcelada mientras él o ella apela ante los tribunales superiores.
El próximo tribunal de apelación, el tribunal superior de justicia, sólo revisaría los argumentos técnicos, no los hechos del caso.