Las conversaciones para establecer los términos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) están programadas para comenzar en una semana.
La primera ministra Theresa May esperaba entrar en negociaciones desde una posición de autoridad, después de pedirles a los electores que respaldaran su plan de un Brexit "duro" que cedería el acceso fluido al mercado único a cambio de reducir la inmigración y ponerle fin a la jurisdicción de los tribunales europeos.
El electorado británico le ha negado ese mandato. May continuará débilmente su camino como primera ministra sólo si logra llegar a un acuerdo con el derechista Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) de Irlanda del Norte.
Ésta es una situación peligrosamente inestable en la que el riesgo de que Gran Bretaña abandone la UE sin un acuerdo ha aumentado considerablemente.
May había alienado a muchos líderes europeos al aliarse con los euroescépticos de su país mientras insistía en demandas poco realistas en Bruselas. Ahora su capacidad para obtener la aprobación del parlamento para un acuerdo está en duda.
Sin embargo, ésta es también una oportunidad para deshacerse de la rígida interpretación de May de los resultados del referéndum y encontrar una forma de avanzar que sirva mejor al interés nacional y proteja la economía. Es el momento de celebrar un debate abierto, necesario ya desde hace mucho tiempo, sobre los compromisos que el Brexit conllevará y de ser honestos con los votantes acerca de la realidad de la posición negociadora del Reino Unido.
Aunque los planes del Reino Unido para el Brexit son aún tentativos, no existe tal confusión sobre la posición negociadora de la UE. Para los 27 estados miembros restantes, la unidad es primordial. No habrá concesiones en cuanto a los principios fundacionales de la UE, y no habrá acceso al mercado único sin aceptar las condiciones habituales.
No hay ningún deseo particular de castigar a Gran Bretaña por abandonar la UE. Por encima de todo, hay una voluntad férrea para garantizar que Gran Bretaña pague sus facturas pendientes antes de salir.
Hasta ahora, alentada por los euroescépticos de línea dura de su partido, May ha perseguido una especie de divorcio de la UE que antepone la soberanía al empleo y el crecimiento. Es enormemente del interés británico permanecer en el mercado único y la unión aduanera. Eso significaría aceptar la jurisdicción continua del Tribunal Europeo de Justicia y el reglamento de la UE. Pero la cuestión más difícil es la de la inmigración.
La libre circulación de la mano de obra ha sido de mucho beneficio para Gran Bretaña. Sin embargo, desde la celebración del referendo, la oposición laborista y los conservadores han llegado a considerar que los controles más estrictos sobre la inmigración de la UE son una necesidad política.
No obstante, hay una gran diferencia entre exigir alguna forma de salvaguardia contra una alza incontrolable de la inmigración y la insistencia de May en una meta numérica arbitraria, que sólo puede lograrse mediante una ofensiva contra todos los migrantes.
Algunos gobiernos de la Unión Europea quizá sí reciban con agrado el tipo de restricciones que ayudarían a Gran Bretaña a aceptar los términos con la libre circulación de la mano de obra.
Tras las elecciones, ha habido signos alentadores de que los previamente atemorizados políticos y líderes empresariales están expresándose a favor de un enfoque más pragmático hacia el Brexit.
Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo, es un eslogan vacío. Es el momento para un debate sensato con la debida atención a la generación de empleos y al crecimiento económico.