La decisión del gobierno mexicano de ceder a la presión de un sindicato de maestros disidentes antes de las elecciones de mitad de mandato, las cuales el presidente admite son un referéndum sobre su gobierno, es una apuesta política que podría socavar, no aumentar, su maltrecha credibilidad.
La Secretaría de Educación Pública hizo el sorpresivo anuncio el viernes de que posponía indefinidamente la evaluación de los maestros – un pilar clave de la tan cacareada reforma educativa del gobierno, así como un requisito constitucional.
"Éste es un gobierno que está aterrorizado de lo que pueda suceder a corto plazo", dijo Carlos Elizondo, analista político. "Es una muestra de debilidad".
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina, está apoyando las reformas y ha lanzado campañas publicitarias alabando a los profesores ordinarios por su compromiso y profesionalidad bajo el lema "éstos son los maestros de los que deberíamos estar hablando". En cambio, el sindicato de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llega a los titulares por sus tácticas bélicas, huelgas y marchas.
Antes de aprobarse la reforma, en 2013, la CNTE paralizó Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, en repetidas ocasiones, bloqueó el acceso al aeropuerto y sus integrantes acamparon en la plaza principal, el Zócalo. Pero el presidente Enrique Peña Nieto se mantuvo firme en cuanto a la ya imperiosa necesidad de mejorar un sistema de bajo rendimiento en el que se pueden comprar o heredar los puestos de profesores y sólo el 36 por ciento de los estudiantes terminan la escuela secundaria.
Al principio de su mandato, Elba Esther Gordillo, la poderosa jefa del SNTE, fue arrestada por cargos de corrupción – lo cual sugería que el gobierno estaba decidido a enfrentarse a los intereses particulares.
Pero con la CNTE amenazando hacer huelgas, marchas y un boicot a las elecciones de mitad de mandato el 7 de junio para elegir a todos los 500 diputados federales, así como 17 legislaturas estatales, nueve gobernadores de estados y más de 300 alcaldes, el gobierno decidió intervenir. Se espera que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) asegure una pequeña mayoría en el Congreso, pero en algunos estados importantes todo indica que será una contienda reñida, marcada por la violencia en algunas áreas.
Muchos grupos sorprendidos de la sociedad civil interpretaron la situación como una sentencia de muerte para una reforma que la Secretaría ya estaba luchando por aplicar en cuatro estados, y como que el gobierno está cediendo ante el chantaje.
Las figuras de la oposición pidieron que renuncie el secretario de educación e incluso algunos en el PRI dijeron que se está enviando la señal equivocada.
El anuncio fue hecho en un breve comunicado que también provocó la ira de la INEE, el organismo autónomo encargado de supervisar la evaluación de los maestros. Exigió que el gobierno "abandone su... anuncio y obedezca la ley".
Un alto funcionario del gobierno le dijo al Financial Times que el cese de la prueba era de hecho una concesión a la CNTE y había sido ordenado por la Secretaría de Gobernación, la cual supervisa la seguridad.
"Esto no es una muy buena idea", dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato. "Hay cosas que el gobierno está negociando con la CNTE; y la Secretaría de Gobernación le pidió a la Secretaría de Educación que hiciera esto. No sé si esto ayude".
La CNTE ha prometido que no habrá tregua en sus demandas hasta que se cancele la reforma educativa.
Oficialmente la Secretaría dice que la reforma no está muerta. Pero Marco Fernández, investigador del grupo de estudio México Evalúa y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, dijo: "Esta decisión envía la señal de que se puede secuestrar al gobierno mexicano... tiene muchas implicaciones, tanto para la reforma educativa como para la credibilidad del gobierno".
Peña Nieto ha ido de crisis en crisis en los últimos meses, incluyendo un escándalo de conflicto de intereses por la lujosa mansión de su esposa que fue construida y pagada por un contratista favorecido por el gobierno. Admite que su gobierno está plagado de "incredulidad y desconfianza".
El viernes el gobierno también alteró algunas bases de licitación para las subastas de petróleo y gas bajo su transformadora reforma energética, pero esto fue interpretado como una medida inteligente para abordar las preocupaciones de las inversionistas, y garantizar que tengan éxito las primeras licitaciones el 15 de julio.
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Financial Times