El Presidente Barack Obama va a sacudir al mercado laboral tomando la acción ejecutiva sobre inmigración más radical de la historia de EU, un paso que según los economistas les dará el poder de la negociación a los trabajadores no autorizados y estimulará una ola de cambios laborales.
La medida ejecutiva va a transformar la fuerza laboral de "mercado negro" de 8 millones al proporcionar acceso a permisos de trabajo a muchos de sus miembros, quienes están en EU ilegalmente pero los cuales son elementos clave en la industria de la agricultura, la construcción y los restaurantes.
Las batallas sobre su situación legal y la competencia entre las demandas de la economía, la aplicación de la ley y la justicia social han estado por años en el centro del debate estadounidense sobre la inmigración, precediendo las últimas grandes reformas aprobadas por el Congreso durante la época de Reagan en 1986.
La acción unilateral del Sr. Obama, esquivando el Congreso y usando los poderes de la oficina ejecutiva, hará elegibles para permisos de trabajo a hasta 5 millones de personas – aproximadamente la mitad de ellos mexicanos – y precipitará un feroz conflicto con los Republicanos que probablemente definirá sus últimos dos años en el cargo.
Políticos de ambos partidos dicen que el estancamiento de los ingresos personales es uno de los problemas más graves de EU, pero una lectura estrecha de la literatura económica les da a los Republicanos armas limitadas para argumentar que la acción del Presidente hará reducir los salarios a niveles aún más bajos.
"Casi toda esa gente ya está trabajando. No se está cambiando radicalmente el número de personas que trabaja", dice Sherrie Kossoudji, profesora asociada de la Universidad de Michigan. "Lo que se está cambiando son las oportunidades para las personas que ya están trabajando".
Los bloqueos en el esclerótico sistema legal de inmigración han dejado a EU dependiente de inmigrantes no autorizados quienes – aunque no universalmente reconocidos o bienvenidos – laboran en los campos de lechuga en California, las plantas de procesamiento de carne en Alabama, y las cocinas de restaurantes en Manhattan.
En Nevada, donde llegará el Sr. Obama a Las Vegas el viernes para convocar apoyo, muchos inmigrantes no autorizados trabajan en la industria del techado y la jardinería y constituyen hasta un 10.2 por ciento de la fuerza laboral, la proporción más alta del país, dice el Pew Research Center.
Actualmente, son una amenaza a los sueldos de los trabajadores estadounidenses haciendo bajar los sueldos, dice Kossoudji, porque su prioridad es evitar contacto con las autoridades, los cual los deja vulnerables a jefes que pagan menos o los explotan de otras formas.
La mayoría de los investigadores están de acuerdo que cuando los inmigrantes no autorizados ganan su estatus legal sus sueldos suben. La investigación de la Sra. Kossoudji de hombres entre los 2.7 millones que se volvieron elegibles para la legalización en 1986 demostró que sus sueldos habrían sido 14-24 por ciento más altos si hubieran sido legales durante toda su vida laboral estadounidense.
Jared Bernstein, ex principal economista para el vicepresidente Joe Biden, dice: "La esperanza es que proporcionarles estatus legal los saca de las sombras y reduce el grado de su explotación. Los cubre con la ley laboral y los estándares laborales, por lo cual son menos propicios a presentar una amenaza competitiva a los demás".
Pero se están jugando un par de comodines. Uno es si la acción del Sr. Obama, la cual la pudiera cambiar un futuro presidente, le dará a la gente suficiente confianza para admitir su estatus ilegal.
El segundo es si va a atraer más personas a cruzar la frontera ilegalmente de Centroamérica, reponiendo los rangos de los trabajadores no autorizados y contribuyendo a la caída de los sueldos.
La postura anti-amnistía de muchos Republicanos se basa parcialmente en la convicción que las reformas de la época de Reagan tuvieron precisamente ese efecto.
Jeff Sessions, un senador Republicano quien se opone abiertamente a la reforma, dijo la semana pasada: "Es una política simplemente equivocada y va a incentivar más ilegalidad en el futuro".
Aunque algunas compañías emplean trabajadores indocumentados a sabiendas, los representantes de la industria dicen que muchos tienen que aceptar papeles de trabajo que lucen legítimos, aun si sospechan que son falsos, porque no tienen manera de verificarlos.
La Cámara de Comercio de EU, el mayor grupo de cabildeo de negocios, ha incitado al Congreso a aprobar una reforma de la inmigración amplia para permitir más inmigración legal basada en el trabajo. Dice que la verdadera reforma no se puede lograr a través de la acción ejecutiva. En privado, los cabilderos dicen que la acción del presidente va a empeorar el rencor político sin ayudar a la economía.
Según los economistas y los empleadores, algunos trabajadores nuevamente autorizados usarán su libertad para cambiar de empleo.
Edward Alden, investigador principal en el Consejo de Relaciones Exteriores, dice: "Es plausible que tendrían cierta mayor libertad. Pero hay que pensar que un alto porcentaje de estos individuos no hablan inglés muy bien. Así que por eso están segmentados en mercados laborales donde la habilidad con el inglés no es tan importante".
Douglas Holtz-Eakin, ex funcionario de la Casa Blanca bajo George W. Bush, no es partidario de la acción del presidente, pero dice que al mejorar la movilidad ocupacional hará posible que algunas personas consigan empleos más adecuados a sus habilidades. "Eso es bueno", dice. "Queremos usar mejor a los empleados. Queremos mejorar su productividad".
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