José Antonio González Anaya — el economista reconocido por su experiencia en la reflotación de empresas y quien ahora está cargo de Pemex — abre su iPad y analiza las imágenes filmadas por un dron.
Tomadas en la medianoche en la zona central de México algunos meses atrás, las granulosas imágenes revelan una línea de 148 camiones en fila para extraer el combustible de una toma ilegal en un oleoducto, un ejemplo evidente de la magnitud del fenómeno del robo de combustible en México que le está costando al grupo petrolero estatal al menos mil millones de dólares al año.
El problema no es nuevo, pero ha aumentado en un 2,000 por ciento en la última década. El grueso del combustible robado termina en las propias gasolineras de Pemex.
Ahora González Anaya — quien estudió economía e ingeniería en el MIT, hizo un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, y es un confeso "amante de los grandes datos" — está siguiendo los inventarios de combustible y rastreando las facturas para cotejar dónde termina el combustible robado.
El gobierno de México ya ha enviado 2,000 soldados a la zona más afectada. González Anaya apuesta a que una ofensiva en contra de las gasolineras que venden combustible robado las obligará a exigir precios mucho mayores por la mercancía ilegal de manera que las cuentas no les cuadren a los criminales que lo suministran.
"Queremos reducir la demanda", dijo el jefe ejecutivo al Financial Times. Unas 15 gasolineras hasta ahora han sido cerradas por vender combustible robado — una pequeña fracción de las 12,000 que hay en México — pero "apenas estoy empezando".
Las autoridades afirman que el precio de la gasolina robada ha aumentado en las últimas semanas a 11 pesos por litro desde los 7 pesos. Las bombas legales cobran un poco más de 16 pesos por la gasolina más barata.
México ha abierto su mercado de combustible a la competencia privada en una histórica reforma en 2013 que terminó con ocho décadas de monopolio de Pemex sobre todo lo relacionado con el combustible, desde la exploración y la producción hasta la distribución. Han comenzado a abrirse gasolineras ajenas a Pemex, pero todas siguen vendiendo el combustible de Pemex, dijo González Anaya.
Eso le da a Pemex una herramienta vital. Sabe cuánto combustible está vendiendo y las bombas de gasolina informan automáticamente a la compañía, en tiempo real, cuánto están despachando. Esa información debe coincidir con el volumen declarado en la gasolinera y el impuesto pagado.
Detectar el problema no es difícil. En lo que se considera la "sala de crisis" de Pemex, los técnicos supervisan la red de oleoductos del país en bancos de pantallas. Gráficas de colores muestran la presión del oleoducto en cualquier parte de los conductos, lo que facilita detectar disminuciones inusuales.
El sistema de control ha estado en funcionamiento por casi 20 años, pero México carecía de coordinación. "Estos datos nunca antes habían sido cotejados. No sé por qué", dijo González Anaya. "Algunas gasolineras muestran un comportamiento anormal, o nunca me han comprado gasolina. Yo sé lo que está sucediendo".
La escala del problema es enorme: una organizada operación criminal en la que se desentierra el oleoducto, se montan válvulas y se extienden las mangueras hasta por 4 kilómetros para desviar el combustible automáticamente cuando pase por esa sección del oleoducto.
Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la fiscalía general del estado y las fuerzas de seguridad han estado coordinando esfuerzos desde diciembre. González Anaya reconoce que algunos trabajadores de Pemex pueden estar implicados en el robo.
La compañía acaba de reportar dos trimestres consecutivos de ganancias positivas.
En Colombia, las guerrillas de las FARC solían atacar los oleoductos colombianos de forma regular. Las autoridades del país, que en pocos años le dieron un vuelco a la situación, le aconsejaron al Sr. González Anaya: "Ataca este problema con todo lo que tengas".
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Financial Times