Si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pensaba que su plan para crear un nuevo órgano político convencería a los opositores de que él quería una solución negociada a la crisis política del país, estaba muy equivocado.
La propuesta de una asamblea nacional constituyente que podría reescribir la Constitución, esbozada el lunes, ha indignado a los manifestantes quienes ya han pasado casi un mes en las calles en el mayor desafío contra su gobierno desde 2014.
Hubo nuevas manifestaciones en Caracas el miércoles, después de que cientos de personas bloquearan las carreteras de la capital el martes en protesta por lo que consideraron una apropiación presidencial del poder.
"Éste es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana", dijo Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, en una apasionada conferencia de prensa en la que instó a los venezolanos a rebelarse.
El líder de la oposición, y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, rechazó la propuesta de la asamblea como fraudulenta.
"Lo único que quiere Maduro es evitar un proceso electoral y las elecciones libres y democráticas", dijo a la prensa.
Los vecinos de Venezuela fueron igualmente críticos.
"La propuesta del presidente Nicolás Maduro de una asamblea constituyente es un golpe de Estado", dijo el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Aloysio Nunes, en una contundente declaración en Facebook.
En una llamada telefónica con reporteros el martes, Michael Fitzpatrick, el subsecretario estadounidense adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, apuntó que la medida erosionaba aún más la democracia venezolana.
"Lo que el presidente Maduro intenta hacer otra vez es cambiar las reglas del juego", señaló. "Como reconoce que está perdiendo su control del poder, busca poner las cosas a su favor, reescribir las reglas, así como asegurarse y asegurarles a sus compinches el continuo acceso al poder, los privilegios y las protecciones".
La CELAC, el bloque regional latinoamericano, convocó a una reunión en El Salvador para discutir la crisis venezolana, pero siete de sus 33 estados miembros, incluidos Brasil, México y Perú, no acudieron, lo cual garantizó que no se pudiera llegar a ningún tipo de resolución.
Mientras tanto, el gobierno de Maduro insistió que la asamblea constituyente era necesaria para restablecer la paz después de un mes de protestas violentas en las que al menos 29 personas han muerto y 400 han resultado heridas.
La asamblea tendría la facultad de reescribir la Constitución, aunque Maduro no explicó por qué esto podría resultar necesario tan sólo 18 años después de que su mentor Hugo Chávez redactara una nueva que el gobierno socialista ha presumido como un brillante ejemplo para el resto de la región.
El presidente dijo que la nueva asamblea tendría alrededor de 500 miembros y que cerca de la mitad de ellos provendría de grupos de trabajadores y organizaciones comunales. La otra mitad sería electa a nivel de distrito.
"La Constitución es extremadamente vaga sobre el proceso de selección de los delegados y de aprobación de las reformas, lo cual le da a Maduro un amplio margen de libertad para formular las reglas según se le ocurran", dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina del Grupo Eurasia.
Muchos analistas dicen que las acciones de Maduro son una táctica para ganar tiempo y aplazar o descartar las elecciones que los socialistas probablemente perderían.
"Lo que el gobierno parece estar intentando hacer es diseñar un campo de juego lo suficiente desigual como para que pueda ganar una elección, a pesar de su actual falta de apoyo electoral", acotó Francisco Rodríguez, economista principal de Torino Capital LLC.
Venezuela debe celebrar elecciones presidenciales el próximo año, aunque la fecha aún no se ha fijado. Las elecciones regionales programadas para el año pasado nunca se celebraron.
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