Empeora corrupción en México

México se ubicó en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupa la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20)y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, México se ubicó en 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor en materia de corrupción y 100 es el mejor evaluado en este aspecto.

Este índice se ha reducido (lo que implica un aumento en la corrupción) de manera continua en los últimos años, en donde pasó de 34 puntos en 2013, el primer año del Presidente Peña Nieto a los 29 puntos del 2017. Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.

Los resultados de este índice reflejan la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública. Sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad. El reporte recomienda para México: asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el país e incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas "empresas fantasma".

Otras recomendaciones son crear una Fiscalía General de la República, capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados, incluyendo información respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores. La corrupción, y la falta de resultados obtenidos en los esfuerzos por detectarla y penalizarla, es una de las razones principales del escepticismo de la población en los gobernantes y las instituciones existentes en el país. Durante mucho tiempo, muchos creímos que la corrupción era parte de la "herencia maldita" del PRI, que había gobernado a México por décadas. Sin embargo, con la alternancia política y la aparición de gobiernos procedentes partidos en municipios, estados y el gobierno federal, pudimos comprobar que, desgraciadamente, es un fenómeno común para todos, o casi todos ellos. En los actuales tiempos electorales, la corrupción ha sido esgrimida como una bandera por todos los partidos. Infortunadamente, muchos de los participantes pueden estar relacionados, directa o indirectamente, con asuntos relacionados con ésta.

La corrupción y su percepción por parte de los ciudadanos, puede ser la fuente de un poderoso "voto de castigo" en las próximas elecciones y sería determinante en los resultados de los comicios.

Pobre crecimiento

El PIB de México creció a una tasa anual de 1.5 por ciento en el cuarto trimestre de 2017, con lo cual el crecimiento anual ascendió a 2.0 puntos porcentuales. Con este resultado, el crecimiento promedio en los primeros cinco años del Presidente Peña Nieto se ubicó en 2.5 puntos porcentuales. Como siempre, el crecimiento del PIB es solamente un promedio de las actividades económicas del país y esconde fuertes diferencias sectoriales. En 2017, el sector más castigado fue la minería, que con tasa negativa de -9.8 por ciento, siendo la más afectada la minería petrolera, con baja de 10.3 puntos porcentuales. Por otro lado, los sectores más dinámicos fueron el terciario, destacando los servicios financieros y de seguros, con una tasa de 7.8 puntos porcentuales y la información en medios masivos, que creció 6.1 por ciento en el año

El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.cesareo.gamezgr@uanl.edu.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.