Si bien el precandidato del Frente Ciudadano por México (FCM), Ricardo Anaya, ya declaró públicamente que de ganar las elecciones
proporcionaría a la población en general un subsidio en dinero, al que denominó Ingreso Básico Universal, como mecanismo para acabar con la pobreza extrema, se tiene que aún no ha definido ni el alcance ni el monto de dicho subsidio, pero considerando sus declaraciones contenidas en el video alusivo, se puede intentar un cálculo preliminar del costo monetario asociado a una medida como la propuesta, veamos.
En lo referente al alcance, de quienes tendrían derecho a recibir este subsidio gubernamental, Ricardo Anaya ha externado que serían todos CIUDADANOS por el hecho de ser MEXICANOS, por lo que procede primero es definir estos conceptos, los cuales emanan de la propia Constitución.
El primer comentario es que Ricardo Anaya debió haber invertido los atributos, ya que el concepto MEXICANOS, es más amplio que el de CIUDADANOS, ya que conforme lo señala el artículo 34 Constitucional, para ser CIUDADANO, además de ser MEXICANO, (por nacimiento o naturalización) se deben tener dos atributos adicionales, primero, ser mayor de edad, y segundo, tener un modo honesto de vida, es decir, no todos los MEXICANOS, son CIUDADANOS.
Es decir, sólo los mexicanos mayores de edad, cumplirían con los atributos de ser mexicanos y de ser ciudadanos, dando por hecho que todos tienen un modo honesto de vida.
Aquí empezaría la primera contradicción, ya que si el principal objetivo que se persigue es el de eliminar la pobreza extrema, al no incluir como beneficiarios del programa a menores de edad, el objetivo no se cumpliría.
Pero bueno, prosiguiendo con el análisis, los pobres extremos, de acuerdo a las definiciones de la CONEVAL, son aquellos habitantes cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta alimentaria básica, misma que a precios de cierre de este año, se ubica cercana ya a los mil 500 pesos al mes, esto sin considerar que dentro de la definición de pobre extremo, se dice que se tienen tres o más, de las seis carencias básicas, pero dejemos de lado estas carencias.
Si consideramos entonces que como mínimo se deben entregar mil 500 pesos mensuales (18 mil pesos al año) a poco más de 90 millones de ciudadanos mexicanos que son mayores de 18 años, se requeriría entonces una erogación anual de 1.6 billones de pesos, pero si el beneficio se otorga a todos los 132 millones de mexicanos, el costo de una medida como la propuesta se eleva a 2.4 billones de pesos.
Si consideramos que el total del gasto programable del Sector Público Federal que se contempla gastar en 2018 es de 3.7 billones de pesos, y que dentro de ese total solo 0.9 billones de pesos se destinan a Programas Sociales, ni reencauzando los seis mil 500 programas de apoyo que dice Ricardo Anaya que existen actualmente, se liberaría ni el 40 por ciento del costo estimado de otorgar este ingreso básico universal a todos los mexicanos.
La conclusión, entonces, es que los números no cuadran considerando el presupuesto actual que se aprobó para 2018, y ni reorientando la totalidad del gasto social federal, para destinarlo a este único programa de ingreso básico universal, se dispondrían de menos de la mitad de los recursos requeridos para hacerlo realidad.
Pero como se dice en el argot político, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila.
El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.