La reforma energética dio cabida a reglamentaciones para determinar no sólo impacto ambiental sino social en las comunidades indígenas o locales, pero las Organizaciones Civiles (Ong's) no pueden satanizar a todos los proyectos energéticos y, decir que éstos tendrán un efecto negativo en esas comunidades, expresó Gerardo Pardo Hernández, socio del despacho Sánchez Devanny.
Dijo que actualmente existen varios proyectos de energía eólica, hidroeléctricos y tendido de gasoductos en las regiones norte y sureste del país detenidos ante las quejas de Ong's.
El especialista explicó que ahora se realiza un análisis sobre el impacto no sólo ambiental sino social en las comunidades en términos de derechos, si pone en riesgo a las propias comunidades tanto indígenas como agrarias.
"Hace 10 años este tipo de estudios era un reclamo, porque no había una reglamentación específica. Hoy es una realidad este estudio que determian sí efectivamente existe algún riesgo, o no; y serán las autoridades quienes determinen qué cómo proceder", añadió el experto.
Una de las empresas que enfrenta esta situación es la Compañía Minera Autlán, quien tiene en stand by dos proyectos de generación hidroeléctrica por un valor entre 90 a 100 millones de dólares por conflictos con comunidades rurales.
Esteban Rivero González, vicepresidente corporativo de la compañía, pidió apoyo de la Secretaría de Energía y del gobierno para abordar el tema social.
"Hay una tendencia de Organizaciones No Gubernamentales a bloquear proyectos hidroeléctricos y ésa es la razón por la cual no podemos hacerlos más rápido, en la medida en que no podemos hacer el estudio de Impacto Social con la comunidad indígena, de acuerdo con lo que marca el derecho, no podemos avanzar".
El especialista comentó que hoy en día se puede conciliar el desarrollo y los proyectos de energía con las comunidades porque existen mecanismos de diálogo; además calificó de positivo que se mida el impacto social.
Monterrey