Niños inmigrantes reciben rutinariamente y por la fuerza una variedad de medicamentos psicotrópicos en refugios financiados por el Gobierno de Estados Unidos luego de ser detenidos y en algunos casos separados de sus padres, según una demanda.
Es casi seguro que los niños detenidos en refugios como el Shiloh Treatment Center en Texas reciben los medicamentos administrados sin importar su condición y sin el consentimiento de sus padres, según la demanda presentada por el Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales de Los Ángeles.
El centro Shiloh, que se especializa en servicios para niños y jóvenes con problemas de conducta y emocionales, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La demanda fue presentada el 16 de abril, días después de la introducción de la iniciativa de 'Tolerancia Cero' del Gobierno del presidente Donald Trump que separa a las familias que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. El mandatario estadounidense abandonó la política el miércoles.
"Si estás en Shiloh, entonces es casi seguro que estés tomando estos medicamentos. Por lo tanto, si un niño fue enviado a Shiloh después de haber sido separado de uno de sus padres, es casi seguro que esté tomando psicotrópicos", dijo Carlos Holguín, abogado del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales.
Funcionarios de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que supervisa dichos centros, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Tomar múltiples medicamentos psicotrópicos al mismo tiempo puede dañar gravemente a los niños, según la demanda, que destaca la necesidad de supervisión para evitar que los medicamentos se usen como "camisas de fuerza químicas", en lugar de tratar las necesidades reales de salud mental.
Reportan abusos en centros de detención de Virginia
Niños inmigrantes de hasta 14 años alojados en un centro de detención de menores en Virginia explicaron que fueron golpeados mientras llevaban grilletes y estuvieron encerrados en aislamiento durante largos períodos, abandonados desnudos y tiritando de frío en celdas de concreto.
Las denuncias de los presuntos abusos en el Centro Juvenil Shenandoah Valley, cerca de Staunton, Virginia, aparecen detallados en documentos judiciales federales que incluyen media docena de declaraciones juradas de adolescentes latinos que estuvieron recluidos allí durante meses o años.
"Cuando me ponían en la silla, me esposaban las muñecas", dijo un inmigrante hondureño que fue encerrado en el lugar cuando tenía 15 años. "Me ataban todo, de los pies hasta el pecho, uno no podía moverse... Te controlan totalmente. Te ponen una bolsa sobre la cabeza. Tiene agujeritos, uno puede ver a través de ella. Pero te sientes ahogado con esa bolsa".
Además de los relatos traducidos de los niños en las actas judiciales, una antigua especialista en desarrollo infantil que trabajó en el centro contó que vio a menores con magulladuras y huesos rotos que atribuyeron a los guardias. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto en público.
En actas judiciales, los abogados del centro han rechazado todas las acusaciones de abuso.
Muchos de los niños fueron enviados allí cuando las autoridades de inmigración los acusaron de ser miembros de MS-13 y otras pandillas violentas. El presidente Donald Trump ha dicho reiteradamente que la actividad de las pandillas justifica la represión.
Trump dijo el miércoles que "nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza y nuestros agentes de (la policía de inmigración y aduanas) ICE han realizado una gran tarea" al reprimir a los pandilleros de MS-13. "Los estamos echando de a miles", dijo.
Pero un directivo del centro de Shenandoah dijo en una audiencia reciente en el Congreso que los niños no parecían ser pandilleros y en cambio padecían trastornos mentales productos de traumas sufridos en sus países de origen, y que el centro de detención no estaba bien equipado para tratar.
"Se procesaba a los jóvenes como individuos implicados con las pandillas. Y cuando los entregaban a nuestros cuidados y los evaluaban nuestros empleados clínicos... no los identificaban necesariamente como individuos implicados con las pandillas", dijo Kelsey Wong, una directora del centro que declaró el 26 de abril ante una subcomisión del Senado que estudiaba el trato de los niños inmigrantes aprehendidos por el Departamento de Seguridad Nacional.