El Tribunal Supremo de Justicia, máximo organismo judicial de Venezuela, declaró el jueves como constitucional el estado de excepción y emergencia económica decretado la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro, dándole carta libre al mandatario para gobernar por decreto y sin control del parlamento.
Maduro firmó el decreto que se extenderá durante todo el 2016 y parte del 2017, con el argumento de que requiere poderes especiales para luchar contra la "guerra económica" de empresarios y políticos, a los que responsabiliza de la crisis económica en Venezuela.
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional rechazó la norma el martes, asegurando que las largas filas para adquirir alimentos y medicinas y las constantes fallas en los servicios públicos son el corolario de más de tres lustros de políticas socialistas que han arruinado la industria local y agravado la dependencia de los precios del crudo.
Sin embargo, el TSJ dijo hoy que, tras declarar la constitucionalidad del decreto, éste está vigente desde que Maduro lo firmó la semana previa.
"La medida declarativa del estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones (...) que han sido objeto de amenazas internas y externas", dijo el TSJ en un comunicado.
"El decreto cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales, por ello se pronunció afirmativamente respecto de su constitucionalidad", agregó.
Entre las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó con el decreto están el control del presupuesto sin contraloría, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la suspensión de sanciones contra funcionarios de alto rango del Gobierno.
Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas- la distribución de productos de primera necesidad.
Venezuela atraviesa una grave crisis, con una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de bienes básicos, por lo que la oposición busca activar un referéndum revocatorio para desbancar a Maduro antes de que termine su mandato, en enero del 2019.