BARCELONA.- El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció un referéndum sobre la independencia de esta región española para el domingo 1 de octubre, pese a su prohibición por la justicia y la oposición frontal del Gobierno español.
En caso de celebrarse la consulta, la pregunta será: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?", anunció Puigdemont en Barcelona, desde la presidencia del Gobierno catalán, la Generalitat.
El presidente catalán aún debe convocar formalmente la consulta, que podría acarrear problemas judiciales tanto para él como para aquellos funcionarios que participen en su organización.
Su proyecto choca de plano con el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, opuesto a esta consulta, declarada anticonstitucional por la justicia.
Desde hace casi un año el Tribunal Constitucional ha bloqueado todos los pasos dados por los nacionalistas hacia la celebración de un referéndum, y cuando se formalice el anuncio de este viernes, con toda seguridad volverá a actuar de nuevo.
En su comparecencia en la Generalitat, Puigdemont argumentó que los separatistas han intentado "de manera reiterada" pactar un referéndum con el Gobierno central español.
Sin embargo, "no hemos tenido ninguna respuesta positiva", añadió Puigdemont. El líder nacionalista puntualizó no obstante que "la respuesta que den nuestros conciudadanos en forma de 'sí' o de 'no' será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar".
Actualmente la coalición de Puigdemont, Juntos por el sí, gobierna la región sin mayoría absoluta en el Parlamento regional, con el apoyo exterior de un pequeño partido de izquierda anticapitalista, Candidatura de Unidad Popular (CUP).
El 9 de noviembre de 2014 ya se organizó una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña, en la que participaron 2.3 millones de catalanes de un total aproximado de 6.3 millones que estaban invitados a votar.
Dicho acto le ha costado una inhabilitación de dos años por desobediencia al entonces presidente regional, Artur Mas, por mantener la organización de la consulta, suspendida días antes por el Tribunal Constitucional.