LA HABANA.- Cuba puso hoy en vigor la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada en marzo pasado, que acepta capitales foráneos en todos los sectores de su frágil economía, menos en Educación, Salud y Fuerzas Armadas.
La Ley 118 establece facilidades financieras y tributarias para quienes arriesguen sus capitales en Cuba que, según el gobierno, forma parte de la "actualización" del modelo económico pero no pretende "vender al país" al exterior.
Según el Parlamento cubano, la legislación busca incentivar el desarrollo del país sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales y del respeto a la soberanía e independencia nacionales.
La Ley establece las modalidades de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional o la empresa de capital totalmente extranjero, con exenciones fiscales y tributarias.
También prevé, con respecto a la propiedad estatal, la transmisión total o parcial de objetivos económicos para su desarrollo, con carácter excepcional, si resultara útil y necesario.
El nuevo marco legal para la inversión extranjera reemplaza a la Ley 77, establecida en 1995 tras el colapso de su aliado de entonces, la Unión Soviética, lo que obligó a Cuba a abrir partes de su economía a la inversión extranjera.
Los empresarios extranjeros no podrán contratar en forma directa a sus empleados locales, sino a través de una empresa empleadora local que negociaría el salario de los empleados y otras condiciones de trabajo.
Tampoco podrán asociarse con los nuevos negocios privados en la isla (cuentapropistas), surgidos en el marco de las cautelosas reformas del presidente Raúl Castro.
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, ha precisado que se priorizan 11 sectores: agricultura, forestal, las industrias alimentaria, azucarera, sideromecánica, ligera, farmacéutica y biotecnológica, energía y minas, comercio mayorista, turismo, construcción y transporte.
Según el texto, "se eximiría del pago de impuesto sobre utilidades a las empresas mixtas y partes en los contratos de asociación económica, por un periodo de ocho años a partir de su constitución -y el Consejo de Ministros podrá extenderlo-, entre otros beneficios sobre el tema".
Concluido ese periodo de gracia, el tipo impositivo sobre utilidades netas será de 15 por ciento, aunque este puede aumentarse por decisión del Consejo de Ministros hasta 50 por ciento cuando "concurra la explotación de recursos naturales, renovables o no".
La legislación aspira a que la mayoría de los capitales se radiquen en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana, donde funcionarán un megapuerto y una zona franca industrial.