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Libertad de Lula provoca batalla judicial; seguirá en la cárcel

Tras una serie de órdenes y contraórdenes, resuelven que la precandidatura de Lula da Silva no es suficiente para salir de la prisión.

Brasil se entrampó ayer en una inédita disputa judicial por la liberación del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien finalmente deberá permanecer en prisión, luego de horas de discusión entre dos magistrados, uno que primero ordenó liberarlo y otro que después logró el apoyo de un tercer juez para evitar su salida.

El juez de apelación Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal-4, una corte de segunda instancia, ordenó por la mañana la liberación de Lula de manera urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar, pues el juez Sergio Moro, responsable del caso Lava Jato en primera instancia —y enemigo número uno de Lula—, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia de Favreto para liberarlo. Un tercer juez, João Pedro Gebran Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino y bloqueó la orden de excarcelar el expresidente. Pero Favreto insistió en su decisión por la tarde y volvió a decretar otra vez la liberación del político. Le tocó al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal, solucionar el conflicto y finalmente decidió por la noche mantener a Lula en la cárcel.

Thompson Flores resolvió que la precandidatura de Lula no es hecho nuevo, como argumento Favreto, quien previamente había ordenado, por segunda ocasión en el día, la liberación del expresidente. Además señaló ilegalidades en la decisión de encarcelarlo. En su opinión, existe una "ausencia de fundamentación", por no haber respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido.

Favreto, que estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal-4, aceptó, así, la petición de habeas corpus presentada por diputados del Partido de los Trabajadores (PT) para que el exmandatario abandonara la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 7 de abril.

Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso relacionado con la adquisición de un departamento en Guarujá que le fue decomisado y que, incluso, ya fue vendido a otra persona.

El expresidente niega haber hecho nada ilegal y su defensa argumenta que el líder del PT -que a comienzos del año reunía la mayor intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre- se encuentra indebidamente detenido y también que, por tratarse de un precandidato a la presidencia, hay serios riesgos de cercenar sus derechos políticos.

La disputa judicial hizo pensar que Lula sería liberado por lo que de inmediato cientos de personas comenzaron a congregarse fuera del Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo, pidiendo la liberación del extornero mecánico.

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