BOGOTÁ.- El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaron hoy un acuerdo clave rumbo a la solución del conflicto interno de más de medio siglo en el país sudamericano.
El acuerdo sobre justicia firmado en La Habana, Cuba, era considerado como el más difícil de la negociación por la renuencia de las FARC a aceptar sus responsabilidades penales.
Éste incluye la creación de una Jurisdicción Especial para
la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para
la Paz, y tendrá competencia sobre quienes directa o
indirectamente hayan participado en el conflicto armado -las
FARC y agentes del Estado- y hayan cometido delitos.
También considera la creación de una Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición, así como acuerdos importantes en materia de
reparación de las víctimas. Asimismo prevé la terminación de las hostilidades y el otorgamiento de amnistía a quienes hayan cometido delitos políticos y conexos.
Las FARC tendrán un plazo de máximo 60 días luego de la
firma de un acuerdo final, pactado para el 23 de marzo de 2016, para que dejen las armas.
Dentro de las negociaciones, las partes buscarán ahora resarcir a las víctimas del conflicto y esclarecer lo que sucedió con cientos de personas que continúan desaparecidas.
También queda pendiente el tema del fin del conflicto, que incluye un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el abandono de las armas por parte de las FARC y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil en la esfera económica, social y política.
Las FARC han declarado varios ceses unilaterales del fuego desde que comenzó la negociación. El último está vigente desde el pasado 20 de julio.
Un desafío importante será qué hacer con los cerca de 8 mil
combatientes de las FARC y cientos de personas que les sirven de
apoyo logístico al grupo rebelde.
Otro de los acuerdos pendientes es el de Implementación, verificación y refrendación.
Una vez logrados acuerdos definitivos en todos los temas, el Gobierno y la guerrilla pasarán a la implementación y a la verificación con acompañamiento de observadores internacionales.
El Gobierno presentó recientemente al Congreso un proyecto que busca crear una comisión legislativa especial y entregar facultades extraordinarias al presidente Santos para implementar de forma ágil los acuerdos que se logren con las FARC.
La refrendación ha sido otra fuente de disputas. Mientras el Gobierno propone hacerlo a través de un referendo, las FARC exigen una Asamblea Nacional Constituyente, posibilidad descartada por las autoridades del país.
Previamente, las partes negociaron y lograron acuerdos respecto a una política de desarrollo agrario integral, con el que se busca solucionar el
problema del despojo y la invasión de tierras, una de las principales causas de la violencia en Colombia.
También, en noviembre de 2013, se logró un acuerdo parcial sobre participación política, que incluye derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan después de la firma de un futuro acuerdo de paz.
Sobre el tema de las drogas ilícitas se alcanzó un acuerdo en mayo de 2014. Este incluye programas de sustitución de cultivos, recuperación ambiental de zonas afectadas por la siembra de hoja de coca, programas de prevención de consumo y la solución a los fenómenos de producción y comercialización de narcóticos.
Las FARC son acusadas por el Gobierno de obtener millonarios recursos de la producción y el tráfico de cocaína, lo que los guerrilleros han negado.
Colombia es uno de los principales productores mundiales de
cocaína.
El diálogo se desarrolla bajo el principio de "nada está acordado hasta que todo esté acordado", por lo que aún habrá que esperar un poco más para que se concrete definitivamente la paz en Colombia.