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La mayoría de los países en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamaron al gobierno de Nicaragua para poner fin a la represión y ejecuciones extrajudiciales ante el agravamiento de la crisis que estalló el pasado 18 de abril y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 264 muertos y mil 800 heridos.
António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó su preocupación por la violencia en el país y apoyó la mediación de los obispos en busca de una salida pacífica a la crisis.
En la sesión de la OEA, el secretario general, Luis Almagro, condenó la violencia del Estado y de los parapolicías, calificándola como "abusiva y criminal".
En su reporte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, denunció "el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua en la última semana".
Agregó que la CIDH ha observado nuevas formas de represión contra las personas participantes en las protestas y opositores al gobierno y una afectación particular en los niños y entre los adolescentes.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, rechazó el informe por considerarlo "apresurado, prejuiciado y carente de objetividad".
Atribuyó la violencia a "grupos terroristas" y al crimen organizado que buscan derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Venezuela y Bolivia fueron los únicos países, en la OEA, que expresaron su apoyo al gobierno nicaragüense.
Al menos una decena de países exhortaron a las autoridades de ese país a respetar los derechos humanos. Uno de los más críticos fue Estados Unidos, cuyo embajador Carlos Trujillo acusó al gobierno de Ortega de impedir el trabajo de la CIDH.