Los votantes en Suiza decidieron el domingo facilitar a jóvenes "extranjeros de tercera generación" obtener la ciudadanía suiza, y votaron a favor de extender a aproximadamente 25 mil personas, de menos de 25 años, el acceso a un proceso de vía rápida de naturalización.
La oficina nacional de estadísticas informó que la iniciativa de "naturalización de inmigrantes de tercera generación" fue aprobada con 60.4% de los votos a favor, lo que allana el camino para la simplificación del proceso de ciudadanía para jóvenes cuyos padres y abuelos han vivido en Suiza durante décadas.
Al igual que en algunas otras naciones europeas, haber nacido en Suiza no confiere automáticamente la ciudadanía. Aunque se calcula que alrededor de 25 mil personas son elegibles para el nuevo proceso, la aprobación del referéndum podría a fin de cuentas tener mayor alcance en un país donde los no ciudadanos representan una cuarta parta de la población.
La iniciativa de "extranjeros de tercera generación" significará menos papeleo, menos demoras y tarifas más bajas para cualquier persona menor de 25 años cuyos padres y abuelos hayan vivido varios años en Suiza pero que no atravesaron por el proceso de naturalización.
Sus beneficiarios inmediatos son gente de otras partes de Europa o Turquía cuyas familias han estado en Suiza durante décadas, no migrantes y refugiados de África y Medio Oriente cuya reciente llegada a Europa ha originado una reacción violenta de la derecha política extrema.
Suiza, que no pertenece al bloque de 28 naciones de la Unión Europea pero está rodeada por miembros del grupo, ha estado recibiendo refugiados durante siglos.
Convertirse en ciudadano requiere generalmente 12 años de residencia, dominar al menos uno de los cuatro idiomas nacionales de Suiza, y honrar los "valores fundamentales" de la Constitución suiza, como igualdad de derechos para mujeres y hombres y libertad de pensamiento.
La medida de ciudadanía fue una de tres sobre las que se votó el domingo a nivel nacional. Otra tenía implicaciones internacionales: los votantes rechazaron por amplia mayoría una reforma fiscal corporativa diseñada para armonizar los impuestos con una tasa competitiva relativamente baja, una victoria para la izquierda política que había rehuido presuntos donativos de negocios extranjeros.
La oficina de estadísticas señaló que 59% de los votantes rechazó la medida, la cual hubiera desechado el doble sistema fiscal que ofrece tasas más bajas a empresas extranjeras para atraer inversión, potencialmente a expensas de naciones con impuestos más altos entre los vecinos de la Unión Europea.
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