CIUDAD DE MÉXICO.- Las obligaciones de transparencia no quedan al margen de la autonomía en las universidades, coincidieron expertos en el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la presentación del libro Estudio sobre los alcances del derecho de acceso a la información en universidades e instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, derivado de la Reforma Constitucional en materia de transparencia, especialistas discutieron las obligaciones de este tipo de instituciones respecto al acceso a la información.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos dijo que la autonomía no significa de ninguna manera una oportunidad para evadir el cumplimiento de las leyes, particularmente las relacionadas con la transparencia que constituyen una herramienta fundamental para acceder a otros derechos como la educación.
A su vez, Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la Facultad de Medicina y director del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, coincidió en el sentido de que la autonomía no se contrapone con la transparencia y la rendición de cuentas.
De la Fuente dijo que, una cosa es administrar los recursos de forma autónoma y, otra, muy diferente, es no rendir cuentas detalladas de cómo se administran. "Son dos asuntos que no tienen nada que ver".
En su oportunidad, Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que las universidades están obligadas a transparentar el uso de recursos públicos, así como sus funciones sustantivas de enseñanza, investigación, divulgación y expresión libre de las ideas.
"La educación conlleva un costo y es el Estado el responsable de esta obligación, por ello el financiamiento y el destino del gasto del Estado en educación deben de ser trasparentes ante la sociedad en general", subrayó.
El autor del libro, Jorge Islas López, comentó que en la obra se hace un análisis de cuáles son los retos y las implicaciones que tienen las nuevas disposiciones normativas de transparencia y acceso a la información, con las universidades públicas.