Chocan poderes y se echan la culpa por inseguridad en el país

En un choque de Poderes de la Unión, legisladores de la oposición reprocharon los señalamientos del Ejecutivo Federal, quienes señalaron que la ola de violencia que vive el país se debe a que el Congreso no ha aprobado la reforma del Mando Único policial.

"El Ejecutivo sólo quiere echar la culpa al Poder Legislativo de lo que el gobierno no ha sido capaz de hacer; quiere responsabilizar al Congreso de su incapacidad y de su omisión ante el clima de violencia que azota al país y que está ya fuera de control", dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés, del PAN.

Criticó que "el actual gobierno decidió desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y es la hora en que no existe una estrategia para combatir la inseguridad y a la delincuencia organizada".

El senador priista, Miguel Romo, expuso: "No, nosotros no somos ejecutores, no tenemos facultades para vigilar, para prevenir los actos delictivos; sí para fortalecer".

El diputado del PRI, Enrique Jackson, completó: "La primera regla para combatir la inseguridad, eficacia y resultados, es no andar buscando responsables; esto es un asunto de ver qué es lo que no ha funcionado, lo que sí hemos logrado a la vista de todos, la captura de líderes criminales, salvaguardar las instalaciones estratégicas del país. Me parece que no ha sido suficiente, nadie puede negar la realidad".

"Todos tenemos responsabilidad, nada más faltaba que haya alguien que diga que es ajeno, siendo servidor público, estando en áreas que toman decisiones", remarcó.

En seguida, por unanimidad, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública "un informe relacionado con la estrategia y las acciones que actualmente se ejecutan para fortalecer la prevención y el combate a los delitos de alto impacto en el país".

Luego de que el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, reprochó que el Mando Único policiaco lleva tres años atorado en el Congreso, el pronunciamiento general de los legisladores – aprobado por unanimidad- aclara que "es el Secretariado Ejecutivo la instancia competente para coordinar las acciones tendentes a evaluar y, en su casos, proponer ante el Consejo Nacional de Seguridad Publica, las políticas y estrategias necesarias para fortalecer la prevención y el combate de los delitos de alto impacto en el país".

Remarca su llamado a los gobiernos federal y estatales a "redoblar esfuerzos y evalúen sus políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública y del combate a la delincuencia", y a que "diseñen, elaboren y propongan las que sean necesarias para atender la grave situación del país".

En el marco de un debate entre los partidos por un reconocimiento que la Comisión Permanente hizo al trabajo de la Secretaría de la Marina, en su coadyuvancia al combate al crimen y a la inseguridad, los diputados y senadores presentaron un dictamen que recoge varias propuestas de Puntos de Acuerdo de distintas bancadas, que cuestionan el clima de violencia que hay en el país, incluido el PRI.

La oposición de izquierda votó en contra de este reconocimiento -con motivo del Día de la Marina-, aunque aclaró que no está en contra de la Marina, sino de la redacción del texto, que hace referencia a la "seguridad interior", cuando la ley aprobada sobre esta materia se encuentra aún en controversia.

Durante el debate, el panista Ernesto Cordero, presidente del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso, consideró que "la Ley de Seguridad Interior está concluido y no tiene caso revivirla".

Diputadas y senadoras del PRD se manifestaron en contra, aseguraron que la Ley de Seguridad Interior aún no está vigente y criticaron que el gobierno federal pretende evadir su responsabilidad de la violencia desbordada en el país y responsabilizar al Poder Legislativo.

También se aprobó un pronunciamiento que llama a las autoridades a crear las condiciones óptimas de seguridad para la labor de los periodistas en México, así como acelerar las investigaciones y el esclarecimiento de los reporteros, como Alicia Díaz, de El Financiero-Monterrey; Héctor González, de Excélsior-Tamaulipas; Javier Valdez, de La Jornada-Tamaulipas, entre otros.