Durante la presentación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, dijo que se incluyen en las facultades "permitir a los miembros de la Comisión, junto con el Ministerio Público federal, el libre acceso a las instalaciones que por las circunstancias del caso se presuma pudieran haber estado las personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellas".
Cuestionado por El Financiero sobre si con esto se dará paso a los cuarteles militares, el subsecretario de Derechos Humanos dijo que sí, porque "son los únicos que no se han abierto".
En el acto, donde Andrés Manuel López Obrador firmó su primer decreto presidencial, el mandatario aseguró que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa se llegará a la verdad "porque es revolucionaria y cristiana".
De acuerdo con el documento que se dio a conocer ayer, "se instruye a todos los organismos y dependencias de la Administración Pública federal, que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla, sin mayor condición o reserva a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar al Ministerio Público".
El Presidente pidió "que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia y como aquí se mencionó y lo he venido repitiendo: el llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. En este nuevo gobierno debe de imperar, debe de reinar la verdad, ante todo la verdad que es revolucionaria, que es cristiana. La mentira es reaccionaria, es del demonio".
Durante la firma, López Obrador prometió que "no va a haber ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad. Saber todo lo que sucedió. Va a depender del trabajo que lleven a cabo los responsables de la Comisión, porque van a tener amplias facultades".
La Comisión estará integrada por los familiares de los estudiantes desaparecidos o a quien ellos designen que los represente; sus abogados, un representante de la Secretaría de Gobernación, uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Sectretaría de Hacienda, así como por los expertos profesionales y técnicos "que se requieran".
El Presidente López Obrador añadió que a los testigos que hablen del caso se les "garantizará protección para que den a conocer con libertad".
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, explicó en entrevista que con la Comisión presidencial coordinará asuntos como "acceso a los penales para hablar con personas detenidas, para eso el subsecretario Encinas estará apoyando".
Sobre si se revelarán los documentos que están en manos de militares, Aguirre explicó que "esperamos que sí, esperamos que sea una de las funciones concretísimas que ocurra. Hay una serie de reportes a la 35 Zona Militar que casi en tiempo real generó el 27 batallón y aunque se conoce una parte, hay otras que no. O todos los documentos generados por el 27 batallón sobre el contexto inmediatamente después de los hechos, el contexto si –efectivamente– había contacto entre el municipio y el crimen organizado".
Por último, Olga Sánchez Cordero, la entrante secretaria de Gobernación, aseguró que "pondremos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades, todos nuestros conocimientos para llegar a la verdad en el caso y dar así una respuesta a cada uno de los familiares aquí presentes".