CANCÚN, QROO.- El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encontró elementos probatorios que presumen la existencia de irregularidades de exfuncionarios de esta instancia en el caso Dragon Mart.
Ante la situación, la instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública (SFP), inició el procedimiento correspondiente contra Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrio Valladares, que se desempeñaron como delegado federal de la Profepa y subdelegado Jurídico, en el estado de Quintana Roo, respectivamente.
La Profepa presentó en febrero pasado una denuncia ante el OIC en la Semarnat, por posibles irregularidades administrativas relacionadas con los procedimientos en contra de la persona moral Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V.
Una vez analizadas las diligencias de investigación pertinentes, se informó a la Profepa que se encontraron elementos probatorios que permiten presumir la existencia de irregularidades administrativas por parte de los exfuncionarios señalados.
Se abunda en una comunicación oficial emitida por el titular del área de quejas de la citada instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública, que se procedió a turnar al área de Responsabilidades del OIC la denuncia referida para dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente.
La Profepa a través de un comunicado emitido este miércoles, dijo que se exhorta así a los titulares del gobierno del estado de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez, para no desistir en la acción de la aplicación de la ley y hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a nivel estatal y federal a dicho proyecto.
El documento dirigido en ese entonces al titular del OIC acotaba que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la Delegación Federal de la Profepa en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
El oficio en cuestión sostiene que las resoluciones emitidas por la delegación federal de la instancia en Quintana Roo en noviembre de 2012, fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio "El Tucán" por su calidad de terreno forestal.
Las comunicaciones dirigidas al gobernador Roberto Borge Angulo y el edil Paul Michel Carrillo, solicitan que ambas autoridades inicien en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.
También se pide que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes.