Los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado de la República enviaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una carpeta que contiene las "conductas antijurídicas" del panista Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, que muestran un desfalco al erario por alrededor de 2 mil 515 millones de pesos.
Los legisladores del tricolor delinean que tales conductas van desde el cobro de dádivas e inadecuado ejercicio de recursos públicos, hasta concesiones fiscales a personas cercanas al exgobernador, el cambio de flujo de ríos y múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales.
Exponen que a partir de tres "denuncias anónimas" se señaló que el gobierno estatal benefició a 574 contribuyentes, a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora. A partir de las indagatorias correspondientes, se observó que se dejó de cobrar un monto de mil 705 millones de pesos, en perjuicio del fisco federal.
Ante esta situación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificó 198 auditorías hechas por el Ejecutivo local y detectó incumplimientos a las disposiciones legales federales, así como diversas anomalías en los procedimientos aplicados.
En consecuencia, Sonora se hizo acreedor a una sanción consistente en el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización, ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación.
Otro caso de esta naturaleza aconteció a finales de abril del año 2015, fecha en la que se dio a conocer que le fueron condonados impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas al ahora exgobernador Guillermo Padrés.
Sobre el particular, indican que se simularon acciones de auditoría y cobro sobre 123 adeudos fiscales federales –la mayoría de ellos respecto al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado–, que en conjunto ascendía a 776 millones 444 mil 315 pesos y correspondían a las 41 empresas.
También incluyen que en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 –dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de febrero de 2016– se detectaron "múltiples irregularidades en el ejercicio de recursos federales en distintos programas en el estado de Sonora".
Los legisladores priistas anotan –por ejemplo– que la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora sufrió un quebranto económico superior a los 2 millones de pesos, "situación que vulnera uno de los derechos más importantes del Estado Mexicano, el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la entidad".
Describen que "el Servicio de Administración Tributaria detectó que durante la pasada administración en Sonora se efectuaron altos préstamos sin que se realizaran las verificaciones correspondientes. En el caso en comento, el propio órgano desconcentrado instruyó que entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2015, el gobierno de la entidad no podría ejercer facultades de fiscalización y exigió un reembolso superior a los 100 millones de pesos.
Lo anterior –señalan los priistas– "deja de manifiesto que en la pasada administración de Sonora imperó una conducción al margen de la ley".